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Fiscal General denuncia fracaso de lucha antidrogas Dice que instituto antidrogas es tan ineficaz que podría cerrar y no pasa nadaAsevera que la Unidad de detección de lavado de dinero no da resultados Irene Vizcaíno ivizcaino@nacion.com El fiscal general de la República Francisco Dall'Anese llegó ayer a la Comisión Legislativa de Narcotráfico con una carga de críticas y denuncias sobre la lucha contra el trasiego de drogas. Sus principales dardos los dirigió hacia el funcionamiento del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), entidad que consideró inoperante.
El ICD fue creado por la ley de estupefacientes del 2002 para coordinar las políticas de persecución del narcotráfico y lavado de dinero, así como prevención y rehabilitación del uso de drogas. "Si el ICD se mantiene como está, lo pueden cerrar y no pasa nada en el país, excepto que nos ahorramos ¢1.000 millones al año", manifestó el jefe del Ministerio Público. Específicamente, Dall'Anese criticó el funcionamiento de la Unidad de Análisis Financiero del ICD, encargada de seguir posibles transacciones con dinero proveniente de delitos como el tráfico de drogas.
"Se supone que tiene que darnos los insumos para detectar el vado de dinero, de producir elementos probatorios para lograr condenatorias, pero no nos da nada", aseveró. Según dijo, esa unidad solo tiene tres analistas y carece de computadoras y equipos modernos. El Fiscal también se quejó de la gran cantidad de controles presupuestarios que tiene el ICD, los cuales impiden trasladar rápidamente dineros que les quitan a los narcos hacia los organismos encargados de perseguirlos: la Fiscalía, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Policía de Control de Drogas (PCD). Esa situación ya había sido planteada por el director del OIJ, Jorge Rojas, quien insiste en la urgencia de más personal, carros y otros equipos para operativos. "Los recursos que recibimos son escuálidos. No estamos recibiendo apoyo y el narco es grave, es un tipo de delincuencia que genera otra más violenta", advirtió . De acuerdo con Rojas, es imposible trabajar con dos agentes de narcotráfico en las delegaciones, y con diez en la sede central que se reparten entre tráfico nacional e internacional. Aparte de eso, ya todos los delincuentes conocen los vehículos de la Policía. Un proyecto.La propuesta, al menos para cambiar el problema de los recursos, está plasmada en un proyecto de ley que remitirá el Poder Ejecutivo al Congreso en los próximos días. Ese plan, propone eliminar los controles previos de los dineros comisados (se les quitan luego de la sentencia) a los narcos, para que se disponga de ellos más ágilmente. Federico Tinoco, presidente de la Comisión Legislativa de Narcotráfico, adelantó que apoyará la iniciativa para quitar la "anemia burocrática" que también padece el combate a los narcos. La iniciativa también fortalecería la figura del director del ICD, quien se encargaría de ejecutar las políticas del Consejo Consultivo. Desde hace pocos meses, la dirección del Instituto la ocupa el fiscal Mauricio Borasci.
Preocupa situación en Limón y zona sur Las debilidades en la lucha contra el narcotráfico están en todo el país, sin embargo, hay preocupaciones particulares en Limón y la zona sur del país. En el primer caso, existe la sospecha de que pescadores que reciben gasolina subsidiada por el Instituto de Pesca y Acuicultura (Incopesca), están vendiendo el combustible a los narcotraficantes. "Tenemos noticias de que estos pescadores reabastecen a narcos en alta mar ", dijo Francisco Dall'Anese. Luis París, presidente ejecutivo de Incopesca afirmó que conocen del rumor, pero no tienen posibilidades de hacer controles de campo y se limitan a verificar que los beneficiados presentan los documentos. Dijo que se han reunido tanto con miembros de la Fiscalía como de la Policía Fiscal para plantear el tema. Limón representa solo el 3,5 por ciento de la pesca nacional y 110 pescadores reciben en la zona el combustible subsidiado. En la zona sur, la preocupación se origina en la ausencia de condenas contra narcotraficantes, ya sea por errores en la investigación o por fallas procesales por parte de los jueces. Aunque Dall'Anese considera que podría ser por falta de capacitación o idoneidad en los cargos, también insinuó la posibilidad de corrupción.
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