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Freno a ataques caninos Rodolfo Hernández Gómez Director General Hospital Nacional de Niños En días recientes, el exministro Juan José Echeverría Brealey, de forma un tanto ligera, se refirió en La Nación al proyecto de ley del diputado José Manuel Echandi -y a la posición sincera y valiente de la ministra de Salud, María Luisa Ávila-, a través del cual se pretende controlar y paulatinamente eliminar la tenencia de razas caninas consideradas peligrosas. Buena oportunidad da el señor Echeverría de explicar a la ciudadanía con detalle por qué apoyamos esta iniciativa y cuán honda y seria debe ser la preocupación de quienes desde la función pública, o fuera de ella, están en la obligación de abordar temas tan delicados como el citado, pues las mordeduras de perro constituyen dolorosas realidades para las víctimas. En el Hospital Nacional de Niños, el promedio de pacientes atendidos e internados al mes ya asciende a 20, y, para fines del 2006, acumularemos unos 250 casos de niños y niñas herido(a)s y lógicamente impactado(a)s por agresiones de canes, sobre todo de las razas rottweiler y pitbull. Laceraciones y sufrimiento. En semanas recientes, tenemos que lamentar el fallecimiento de un pequeño limonense de unos 8 años de edad por el ataque despiadado de un perro. Las imágenes de las rasgaduras en su rostro y extremidades, aparte de las laceraciones internas, no se nos olvidarán jamás, como tampoco será fácil mitigar el sufrimiento de sus familiares y de quienes estuvimos a su lado tratando de salvarle la vida. Pero también los adultos sufren la violencia de estos animales peligrosos, pues ni los dueños ni quienes se dedican al negocio de reproducir y vender estas razas que poseen características genéticas, de carácter y físicas alteradas para exacerbar su agresividad, pueden controlar las frecuentes y demoledoras circunstancias que se producen cuando uno de ellos ataca a un ser humano, que bien puede ser vecino, desconocido o miembro de la familia propietaria del perro. No existe educación. Pese a esfuerzos aislados desplegados sobre todo por organizaciones de protección animal, en Costa Rica no existe -ni es posible crear a corto plazo- la adecuada educación ciudadana sobre la tenencia responsable de perros, como demuestra un estudio realizado por Idespo a petición de la Sociedad Mundial de Protección a los Animales (WSPA) en el 2003. Pero, además de las condiciones inadecuadas en que se mantiene a muchos canes, lo que les provoca estrés, reiteramos que las características propias de ciertas razas, que han sido prohibidas en otras naciones, son determinantes en las reacciones violentas de estos animales. Esperamos sinceramente que la iniciativa de ley prospere y que se coloque en primer lugar de la conciencia, a la hora de discutirla y, ojalá, aprobarla, la seguridad de nuestros niños y niñas, por encima de los intereses económicos que no paran mientes en el peligro que representan estos animales para la tranquilidad de la familia costarricense.
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