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EDITORIAL

De Jerusalén a Tel Aviv

Nuestra alianza firme con Israel debe mantenerse más allá de las diferencias


Costa Rica siempre ha sido -y debe seguir siendo- una sólida y fiel aliada de Israel. Desde su proclamación como Estado, el 14 de mayo de 1948, tanto nuestros Gobiernos como una inmensa mayoría de los costarricenses hemos defendido su derecho a existir y desarrollarse en paz; hemos rechazado las agresiones en su contra, unas veces de ejércitos enemigos, otras de grupos terroristas; nos hemos opuesto frontalmente a los dobleces diplomáticos que a menudo han sesgado decisiones en contra de los israelíes, y hemos brindado apoyo, en distintos ámbitos y momentos, a sus legítimas causas e ilusiones. Así debemos continuar actuando. Pero nada de esto implica el apoyo automático a las conductas de Gobiernos israelíes específicos, ni el mantenimiento de decisiones nacionales que respondieron a coyunturas o consideraciones quizá justificadas en su momento, pero actualmente inconvenientes. Hay casos en que, aunque resulte difícil y deje un sabor amargo, se impone cambiar.

Tomando en cuenta lo anterior, respaldamos la iniciativa del actual Gobierno de trasladar nuestra embajada en ese país de Jerusalén a Tel Aviv. Coincidimos con algunos críticos en que el momento no ha sido el más apropiado: el conflicto de las últimas semanas entre fuerzas israelíes y el grupo político-terrorista Hezbolá, en el cual la población libanesa ha sido la principal víctima, podría conducir a que algunos vieran en el cambio de sede un acto deliberado de censura contra la actuación de Israel y, por ende, una ganancia diplomática para sus agresores. Sin embargo, calificarlo como "una rendición ante el terror y un premio a sus autores", según una nota de la Cancillería israelí, es una crasa equivocación. Pensamos, además, que se exageró con la convocatoria a los jefes de fracciones legislativas y el llamado a la "unidad nacional" en relación con el caso; se trata, simple y llanamente, de una decisión diplomática, importante sin duda, pero dentro del ámbito natural de decisiones del Ejecutivo.

Pero estas consideraciones son de menor importancia frente, al menos, a tres aspectos fundamentales. Primero, hay que considerar la resolución 478 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que instó a los países a mover sus embajadas a Tel Aviv después que, el 30 de junio de 1980, Israel aprobó una "Ley básica" en que se proclamó Jerusalén como su capital íntegra y unida al país, con claro irrespeto por el derecho internacional y los propios términos de su constitución como Estado. Segundo, y muy relacionado con lo anterior, por la importancia religiosa vital de esa ciudad sagrada, no solo para el judaísmo, sino también para el cristianismo y el islamismo, razón suficiente para que tenga un carácter internacional. Y tercero, que los palestinos también la reclaman como su capital, lo cual convierte al tema en una barrera fundamental para la convivencia entre ambos pueblos, algo que podría allanarse si tuviera otro carácter. La decisión costarricense en nada modificará estas situaciones; sin embargo, es una correcta toma de posición, compartida prácticamente por el resto de los países, ahora solo a excepción de El Salvador, que decidieron tener su representación oficial en Tel Aviv, la única capital realmente "histórica" de Israel y la única aceptable internacionalmente.

Lo que resta en lo inmediato es aplicar la medida y explicarla con la mayor serenidad posible. Hacia el futuro, la tarea del Gobierno será mantener la esencia de nuestra alianza con Israel y el rechazo al terrorismo internacional como elementos claves de nuestra política exterior, pero sin renunciar al derecho que todos los amigos tienen de discrepar sobre acciones específicas. Es lo más sano para una relación mutuamente fructífera y duradera.

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