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Irrespeto a semáforos se multará con ¢80.000 Conductores ebrios perderán licencia y pagarán ¢280.000Tránsito contará con expediente electrónico para hallar reincidentes Vanessa Loaiza N. vloaiza@nacion.com Pasar un semáforo en rojo es una de las infracciones más comunes que se cometen en nuestras carreteras, pero tiene una multa de apenas ¢10.000. El MOPT está a punto de enviar al Congreso una reforma legal que subiría la sanción a ¢80.000. La propuesta del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) también incluye multas de ¢100.000 por estacionarse en un lugar prohibido o no usar el cinturón de seguridad. Hoy, ambas faltas se sancionan con ¢10.000.
El castigo más drástico recaería sobre los conductores ebrios, a quienes les suspenderían la licencia durante seis meses y les cobrarían ¢280.000. Igual monto se le aplicará a los choferes que participen en competencias ilegales en las vías públicas, conocidas como "piques". El MOPT presentará en setiembre, ante la Asamblea Legislativa, el proyecto para reformar la Ley de tránsito. Se trata del primer paso de una estrategia de Seguridad Vial para reducir las muertes en carretera y promover la conducción responsable. Según la ministra de Transportes, Karla González, las multas vigentes desde 1993 ya no representan suficiente castigo para que los choferes respeten la ley. Recalcó que las muertes en accidentes no disminuirán con solo aplicar multas drásticas. Los cambios en la Ley de tránsito deben ir respaldados por campañas de prevención, operativos policiales, demarcación e infraestructura segura, agregó González. Aunque todavía no conocen los alcances de la reforma, las principales fracciones representadas en el Congreso se mostraron a favor de la iniciativa. Justificación. Ignacio Sánchez, asesor del Gobierno en el tema de Seguridad Vial, explicó que las reformas en la ley tratarán de modificar el comportamiento "transgresor" de los choferes, que solo son responsables cuando ven a un oficial, o cuando les "duele" la multa.
Por eso, si se aprueban las nuevas sanciones, la más baja sería de ¢50.000 por no portar la licencia. Además, aquellos que ni siquiera tienen permiso para conducir, recibirían un castigo de ¢200.000. Además, superar en 30 kilómetros la velocidad máxima permitida pasaría de ¢20.000 a ¢180.000. Un monto igual se aplicaría para los taxistas informales o "piratas". Según Sánchez, cuando la legislación entre en vigencia, el país podría recaudar hasta ¢30.000 millones anuales en multas. Los fondos tendrán destino específico y se dedicarían a demarcar vías, construir puentes peatonales y pagar nuevas plazas para oficiales de Tránsito, pues la Policía arrastra un déficit de 300 tráficos. "Queremos retomar el principio de autoridad en las carreteras, que el conductor no evada la ley, creyendo que nadie lo ve", agregó el asesor. Trato especial. La reforma también incorpora un plan para que en dos años todos los conductores del país tengan un expediente electrónico que refleje su conducta en las calles: cantidad de partes y cuáles son las infracciones más frecuentes. Cada vez que un oficial de Tránsito detenga a un conductor, tendrá acceso a esa información a través de radio o con un dispositivo digital portátil conocido como handheld. De esta forma, los infractores reincidentes tendrán sanciones más fuertes. Un chofer ebrio detenido por segunda vez, perderá la licencia por un año. A la tercera oportunidad que infrinja la ley no podrá volver a conducir.
Diputados apoyan sanciones más fuertes Vanessa Loaiza N. vloaiza@nacion.com Las fracciones legislativas de Liberación Nacional, Acción Ciudadana y el Movimiento Libertario están a favor de que se apliquen multas más altas a los choferes imprudentes. Consultadas por La Nación, las jefas de fracción de estos grupos coincidieron en que la Ley de tránsito vigente ya está "obsoleta" y sus multas son tan bajas que no asustan a los infractores. Si las tres fracciones respaldaran las reformas a la Ley, obtendría 48 votos y solo requiere de 29 para su aprobación (mayoría simple en caso de que estén presentes los 57 legisladores). Elizabeth Fonseca, del Partido Acción Ciudadana dijo que su fracción ya le envió una carta a la ministra Karla González, "respaldándola en todas las gestiones que tenga que realizar" para que se apruebe una nueva Ley de tránsito. "Es necesario que aumenten las multas, porque hay mucha irresponsabilidad entre los conductores, pareciera que los costarricenses se transforman cuando se sientan al volante", manifestó. La diputada liberacionista Mayi Antillón coincidió en que las sanciones le pondrán fin a la "anarquía que se vive en las carreteras". Eso sí, consideró que la reforma debe ir acompañada con campañas de prevención. Evita Arguedas, del Movimiento Libertario, dijo que aún no conoce el texto definitivo de la reforma y que por eso no hay una posición oficial de la fracción. No obstante, en conversaciones preliminares, sus compañeros de bancada creen necesarios los aumentos en las multas. Eso sí, abogó porque el país mejore en infraestructura y señalización vial. "Consideramos que es una falta de respecto que se le quieran imponer sanciones donde no hay señalización, ni ojos de gatos, ni nada". Por último, clamó porque se vigilen los alcances de la ley y su correcta aplicación. Ignacio Sánchez, asesor de Gobierno en la materia, garantizó que la Ley de tránsito incorporará un cuerpo policial que vigilará a los oficiales de Tránsito. Este grupo de agentes encubiertos estará respaldado por la Procuraduría General de la República y podrá darle seguimiento a denuncias de corrupción contra oficiales de tránsito y realizar operativos para detectar si algún tráfico pide una "mordida". Proponen subir velocidad máxima a 120 km/hora Vanessa Loaiza N. vloaiza@nacion.com La reforma a la Ley de tránsito que propone el MOPT estudia la posibilidad de aumentar el límite máximo de velocidad a 120 kilómetros por hora (km/hora). Actualmente el límite es de 90 km/hora. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), reconoció que los máximos para circular no han variado desde 1972. En esa época no se siguieron valoraciones técnicas como el peralte de la calle o el tipo de carpeta asfáltica, dijo Ignacio Sánchez, asesor del Gobierno en Seguridad Vial. La ministra Karla González, aseveró que el máximo de 120 kilómetros por hora se ve favorecido porque los vehículos modernos pueden circular a más velocidad y aumentaron sus estándares de seguridad en carrocería, frenos y llantas. Aclaró que la medida aún está en evaluación y solo se aplicaría en ciertos tramos de carreteras de tránsito rápido. Los límites de velocidad en intersecciones o en la cercanía de escuelas o centros de población se mantendrían invariables. Estos oscilan entre 40 y 25 kilómetros por hora. La ministra González, consideró que aumentar el límite máximo de velocidad reducirá las posibilidades de que un oficial de tránsito corrupto quiera extorsionar a un conductor, que circula ligeramente por encima de los niveles autorizados. Colaboró Rónald Matute.
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