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EDITORIALOirsa, medicinas, juntas de educación Si a estas se agregan numerosos reportajes de 'La Nación' sobre el funcionamiento del Estado, el desafío político es enormeSon tantas las anomalías y es tan manifiesto el deterioro del Estado que, como en otras oportunidades, analizamos las denuncias de tres en tres. Primera: el Gobierno decidió, el jueves pasado, rescindir, por mandato de la Contraloría General de la República, el contrato con el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria(Oirsa). La Contraloría General de la República tuvo que intervenir directamente ante el sinnúmero de irregularidades y la incompetencia del Ministerio de Agricultura, denunciadas por La Nación al final de la administración anterior, junto con el desconocimiento en la materia y la falta de autoridad de los actuales altos mandos de dicho ministerio. Hacemos hincapié en este conjunto de factores, que han desembocado en un acto que, de por sí, pone de relieve el estado de postración del sector público. Tiene que intervenir la Contraloría porque los funcionarios públicos son cómplices, hacen la vista gorda o, sencillamente, les da miedo ejercer su autoridad. El caso de Oirsa es patético. Tanto las autoridades de este inútil y derrochador organismo, como las del MAG, en nuestro país, hicieron causa común, contra el interés nacional, en el orden financiero y administrativo. Los dos últimos reportajes de La Nación cierran un capítulo vergonzoso: el uso de agua en vez de plaguicidas, como se demostró científicamente, y el escandaloso "óleo" de dinero en el MAG, en beneficio de unos pocos, contra toda ley, ante la mirada complaciente de sus más altas autoridades. Queda hora por saber si aquí se cierran estos episodios o si se sentará justicia. Segunda: informamos ayer también de que el Ministerio de Educación Pública distribuye, anualmente, ¢24.000 millones a las juntas de educación de escuelas y colegios, pero ni las autoridades del MEP, ni las municipales, como corresponsables por designar a los miembros de las juntas, ejercen ningún control. Este monto tan elevado es manejado por 3.746 juntas de educación de primaria y 534 juntas administrativa de secundaria. En estas condiciones, no hay que sorprenderse por los abusos cometidos en cuanto a la fijación de emolumentos o de salarios. Tampoco las oficinas regionales del MEP vigilan la administración de estos recursos. Las actuales autoridades del MEP pondrán en práctica las rectificaciones pertinentes, conforme a las directrices de la Contraloría. Tercera: la Contraloría llamó, asimismo, la atención a la CCSS por la plétora de trámites para realizar lo que un elemental sentido de humanidad exige: la compra de medicinas pronta y cumplida. De acuerdo con el presidente ejecutivo de la CCSS, Eduardo Doryan, el viacrucis de 33 trámites y el paso por 18 oficinas distintas para la compra de un solo medicamento representan una babel de 33 pisos a pie, ni siquiera en ascensor. El símil de babel es preciso: significa el parloteo constante, sin que nadie se entienda, por cuanto no hay coordinación alguna entre los distintos departamentos o unidades para una tarea tan principal: la compra de medicinas. ¿Qué hacían los funcionarios de la CCSS en años anteriores, frente a una obligación prioritaria? Estos tres recuadros nos describen, otra vez, el estado de postración y de incompetencia del Estado costarricense. Estas tres informaciones de ayer engrosan numerosos reportajes de La Nación, en estos años, reveladores de la arteriosclerosis del Estado, cuyas causas reales algunos pretenden evadir. Sobresale, en todos los casos, una responsabilidad personal de los funcionarios que, por acción o por omisión, han producido tanto daño al Estado y al país. Su única sanción consistirá, posiblemente, en esta mención genérica. Abrigamos la esperanza de que el actual Gobierno tome conciencia de la magnitud de este problema y actúe en consecuencia.
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