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MAG repartió ¢150 millones entre grupo de funcionarios Se giraron cheques por "ayuda", "sobresueldo" y "bonificación"Exministro Coto alegó que pagos ya se hacían cuando asumió el ministerio Hazel Feigenblatt y Giannina Segnini hfeigenblatt@nacion.com El despacho del ministro de Agricultura y Ganadería (MAG) repartió $290.728 (¢150 millones al tipo de cambio actual) entre un grupo de funcionarios, de enero del 2002 a diciembre del 2005. Los desembolsos se denominaban "ayuda económica", "apoyo extraordinario", "sobresueldo" o "bonificación", y eran girados por "instrucciones superiores".
Así consta en registros del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (Oirsa) en poder de este medio. El dinero provenía de un fondo de $520.098 (¢270 millones al tipo de cambio) que ese organismo puso a disposición del despacho para gastos discrecionales. Más de la mitad (55%) se gastó en los rubros "ayuda" y "sobresueldo". El segundo rubro más importante fueron viajes y viáticos por $65.000 (¢33,6 millones), de los cuales poco menos de la mitad (40%) fueron para el exministro Rodolfo Coto. Entre celebraciones, regalos, alimentación, consultorías y capacitación se gastaron más de $100.000 (¢51 millones). Durante el mismo período, Oirsa desembolsó otros $4,5 millones para diversos programas del Ministerio de Agricultura, pero el destino específico del dinero continúa desconocido. Numerosos cheques. Según datos de Oirsa, se giraron 36 cheques a favor del exoficial mayor, Luis Echeverría Monturiol, por "ayuda" mensual y, en octubre del 2004, por una "bonificación" de $4.480. Ayer Echeverría Monturiol respondió: "Absolutamente no. No tengo nada que declarar". Las "ayudas" y "sobresueldos" incluían aguinaldo. En octubre del 2004 se giraron cheques a favor de él y otras 17 personas como "pago" por el "décimotercer mes", por un total de $5.085 entre todos. Otros 16 cheques se giraron por "ayuda" y "sobresueldo" a Daniel Pacheco Chinchilla, hermano paterno del expresidente de la República, Abel Pacheco de la Espriella, por un total de casi $30.000, de junio del 2002 a setiembre del 2003. Ayer, Pacheco dijo: "Fui asesor del ministro (Rodolfo Coto)" y alegó que se retiró cuando "gente estúpida empezó a decir tonteras". A nombre de Edgar Mata Ramírez, otro asesor, se giraron 39 cheques por un total de $38.603, del 2002 al 2004, por "ayuda" y en adelante por "servicios profesionales". Ayer se le dejó un mensaje con un familiar y no se le pudo ubicar. Se consultó al exministro Rodolfo Coto por qué se pagaron las "ayudas" y "sobresueldos". "Lo único que puedo decir es que eso venía desde períodos anteriores (...). De lo que yo autoricé, eso se cortó hace más de dos años", respondió. Pero los registros de Oirsa indican que algunas "ayudas" continuaron hasta diciembre pasado. Coto negó que él hubiera aprobado los últimos giros. "Pregúntele a Oirsa (quién los aprobó)", dijo. Ayer se consultó al exviceministro Wálter Ruiz Valverde si él aprobó algún pago. "Eso lo autorizaba el ministro (Coto). Yo no tengo nada que ver en eso", aseguró. Según información de Oirsa, Coto recibió $1.891 "para una donación" en enero del 2004. "Nunca recibí ni hice donaciones, en absoluto. Tengo que investigar", expresó. Aún sin aclarar. Oirsa, que tiene su sede en El Salvador, recauda en Costa Rica $2,8 millones anuales (¢1.470 millones al tipo de cambio actual) por servicios de fumigación contra plagas que realiza en las fronteras desde 1988, cuando el MAG le cedió esas funciones. Sin embargo, el Organismo y el MAG se han negado a rendir cuentas sobre el destino del dinero y actualmente se desconoce en qué se usaron al menos $4,5 millones. El actual ministro, Alfredo Volio, se comprometió a entregar la información a la Contraloría. No obstante, el jueves pasado esta consideró que lo entregado "imposibilita" la fiscalización y reiteró la orden de rescindir el convenio. Unas horas después, el Gobierno anunció que acatará la orden.
MAG y Oirsa deberán negociar por estaciones El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) deberá entrar en una negociación con Oirsa para definir el futuro de las 11 estaciones de fumigación de vehículos en las fronteras y del personal que labora ahí. Tras un ultimátum de la Contraloría General de la República, el Gobierno anunció el jueves pasado que rescindirá el convenio y estudia cómo asumir el servicio. Jimmy Ruiz, representante de Oirsa en el país, explicó que se negociará con el Ministerio "la permanencia de los empleados que trabajan directamente realizando tratamientos". Se le preguntó si Oirsa considera que las estaciones y el equipo son propiedad privada o del Estado costarricense. Ruiz respondió , por escrito, que "los activos que posee Oirsa se pondrán a disposición del MAG", lo cual requerirá "conversaciones para definir los procedimientos correspondientes". Se intentó consultar al ministro de la Producción, Alfredo Volio, pero no devolvió la llamada. El convenio estipula que cualquiera de las dos partes puede poner fin a la relación contractual mediante un aviso con seis meses de anticipación. No obstante, Ruiz indicó que es prematuro definir un plazo exacto para el finiquito. En cuanto a la presencia de Oirsa en el país, el funcionario explicó que se mantendrá. Esto por cuanto el país es miembro del organismo regional (cancela una cuota anual de $45.000) y este realiza aquí programas en áreas como pesca, enfermedades aviares y otras. "Oirsa seguirá operando en Costa Rica, a través de estos programas", agregó Ruiz. Una relación difícil. La rescisión del convenio fue ordenada inicialmente por el ente contralor el año pasado, debido a la negativa de Oirsa y el MAG a rendir cuentas sobre el destino de los fondos. La Contraloría ordenó al entonces ministro, Rodolfo Coto, entregar la información o liquidar el convenio y este optó por lo segundo. Según Coto, el finiquito tomaría un período de dos años, pero a su llegada, Volio intentó anular esa decisión e incluso le informó a Oirsa que el convenio se mantendría. Voceros de la Contraloría General de la República explicaron que el rescindir el convenio no necesariamente significa que la investigación del caso se cierre. El ultimátum del órgano contralor se produjo una semana después de que La Nación publicó que Oirsa realiza aspersiones con agua y cobra por insecticida.
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