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EDITORIALLa elección invisible Debemos remontar nuestra indolencia y reparar en la importancia de la elección de alcaldes¿Qué hacer para sacar provecho de una institución irreversible, en beneficio de las comunidades? Se han iniciado ya los procesos eleccionarios para integrar las alcaldías municipales en todos los cantones del país. Evidentemente, no es un tema de escasa importancia: todo lo contrario. Sin embargo, los primeros síntomas parecen indicar que hay una general apatía en relación con este asunto y que va a ser muy difícil movilizar la participación ciudadana de aquí a diciembre, cuando tengan lugar los comicios, hasta niveles que realmente sirvan para legitimar y remozar las decaídas municipalidades costarricenses. Si por la víspera se saca el día, fácilmente podríamos estar a las puertas de una suerte de elección invisible. No han sido pocos ni avaros los esfuerzos que, desde la Asamblea Nacional Constituyente de 1949, se han hecho para revertir el deterioro municipal, y han de ser numerosas y complejas las causas que lo provocan para que tantas, tan generosas y bienintencionadas iniciativas hayan naufragado casi todas ellas en una deplorable infecundidad. Una de las últimas de que tenemos memoria es precisamente la elección popular de los alcaldes municipales: desde la óptica del credo democrático, no había argumentos para objetar este método de integración de órganos determinantes y decisivos, antiguamente nombrados por el Poder Ejecutivo y posteriormente por los propios concejos municipales, y solo los había para favorecerlo y materializarlo. Se trataba, entre otras cosas, de fortalecer la posición y legitimidad de los funcionarios electos, de dar ejecutividad a los concejos y también de potenciar y dar visibilidad a los procesos electorales municipales para rescatarlos de su condición segundona con respecto a las elecciones nacionales. Pero, a la vista de los resultados, en muchos, posiblemente en demasiados casos, es de temer que haya un lamentable grado de verdad en el comentario casi cruel que hizo un día un distinguido estudioso de la municipalidad costarricense: "Social y políticamente, el país reserva lo peor de su gente para la municipalidad y espera de ella lo peor para su bienestar". Comentarios de esta índole no proceden necesariamente de una concepción antimunicipalista. No es antimunicipalista la Constitución, que encarga a los gobiernos municipales la administración "de los intereses y servicios locales en cada cantón", lo que de por sí es bastante amplio y significativo aunque simultáneamente se recorte mediante el sistema de descentralizaciones por servicio que el texto fundamental aúpa específicamente por la vía del entramado de las instituciones autónomas. Nada tan grato y sugestivo como creer que, en efecto, los ciudadanos disponemos de centros de poder cercanos y asequibles cotidianamente, que están al servicio de nuestros intereses y que atienden o, al menos, cuidan de que se atiendan con presteza y eficiencia los servicios públicos en nuestra comunidad. Pero la verdad, no la hostilidad, y el crudo realismo es lo que se expresa en el comentario que se consigna en una sentencia de la Sala Constitucional dictada en el año 1998, que, si se relaciona con otros fallos del mismo tribunal, llega a tener alcance general: "En razón de la incapacidad hasta ahora demostrada por la Municipalidad recurrida -dice la sentencia-, bien puede el Estado, por medio de los instrumentos que la ley le confiere, sustituir la competencia municipal, para evitar males mayores, en defensa de los derechos fundamentales de los habitantes de ese cantón". Como no somos dados a evaluar deliberadamente la legislación para enmendarla, perfeccionarla o corregirla, y como en ocasiones, a la vista de los problemas que aquejan a nuestras comunidades, apostamos a la explicación basada en una sola causa, las bondades objetivas del sistema de alcaldías municipales se nos escapan y las razones de tanta frustración nos confunden. ¿Qué mejoría, si hay alguna, han experimentado las municipalidades con esta innovación? es tal vez una cuestión que de momento debiera ceder ante esta otra: ¿qué debiéramos hacer en adelante para sacar provecho de una institución irreversible?, porque en perspectiva democrática ya no es posible volver a los tiempos de los "jefes políticos", y en protección de nuestros intereses y de la adecuada prestación de los servicios locales nada ganaríamos retornando a los "ejecutivos municipales". Por lo pronto, parece que al menos podríamos remontar nuestra indolencia y ocupar una parte de la atención que ponemos en lo que ocurre en el espacio público escrutando con seriedad las ventajas o desventajas que para nuestra comunidad tendría este o aquel candidato a alcalde.
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