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Soltar las amarras y zarpar Alejandro Urbina aurbina@nacion.com Director En el 2001, el Gobierno decidió seducir a los sindicatos del puerto de Caldera para mejorar su eficiencia. Cinco largos años después, empezará por fin el proceso de mejora del puerto en manos privadas con experiencia portuaria. Ni siquiera un confite de veintipico millones de dólares (tan desagradable como indispensable) aceleró el progreso nacional. Los enemigos del desarrollo siempre encuentran cómo atrasar cualquier cambio que les afecte su cómodo statu quo. La historia ahora cruza el territorio nacional de un litoral al otro. Si, ante el puerto de Limón, Caldera se veía eficiente, la reforma portuaria en el Atlántico no saldrá barata. La futura negociación con los sindicatos portuarios de Limón -virtuales dueños del puerto - desde el año pasado, presagia cierto tufillo. El entonces presidente Pacheco utilizó hasta la Iglesia Católica para entregar a los sindicalistas una propinita por mantener funcionando el puerto. El actual Gobierno de nuevo busca desesperado cómo entregarles la dádiva otra vez. Los beneficios ilegales exigidos por el sindicato se convirtieron de propina en extorsión. O la empresa privada les "dona" ¢447 millones o aplican tortuguismo, y que el país sufra las consecuencias. Contra la pared, los importadores parecieran dispuestos a asumir el costo de la "donación", pese al altísimo costo que ya representa importar por Limón. Al fin y al cabo, así como pagamos por la ineficiencia, el costo de esta corrupción recaerá sobre los consumidores en mayores precios finales. Ojalá, al menos, la CCSS y el Ministerio de Hacienda se avispen y exijan las cargas sociales e impuestos que por ley les corresponden como parte de la eufemística "donación". Esta es la soberanía que defienden los autodenominados "estatistas" de peligrosos "privatizadores", como el autor. Por supuesto que apoyo la concesión del puerto de Limón. El bienestar de esa pobre y maltratada provincia depende de la infraestructura portuaria. Además, la mayor parte del comercio internacional del que vive el país llega o sale por Limón Pero la desfachatez sindical no termina con la supuesta donación. Como dueños y señores del muelle, los sindicalistas exigen al Gobierno asegurar que el puerto no se concesionará. Sin embargo, el ministro Marco Vargas ha sido transparente y terso: "El Gobierno no va a negociar. Hemos sido claros en que el mecanismo para lograr la competitividad del puerto es la concesión de los muelles. A los trabajadores se les dará la oportunidad de seguir dando servicios". ¡Albricias por la firme posición gubernamental! Aunque tardemos otra media década y sufraguemos otra inconmensurable "donación", requerimos soltar las amarras y zarpar hacia el desarrollo.n
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