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Ley de migración rige hoy en medio de carencias y apuros Álvaro Murillo M. alvaromurillo@nacion.com Medidas más fuertes empezarán a regir hoy con la nueva Ley de migración y extranjería, pese a intentos del Gobierno por atrasarla y advertencias de las autoridades sobre la carencia de recursos para ponerla en ejecución. La nueva legislación establece penas de cárcel para el tráfico de personas y multas para quienes encubran a inmigrantes indocumentados, así como para los costarricenses que los contraten. La Ley, además, da a agentes policiales la potestad de pedir a los extranjeros que muestren sus documentos y, si no, pueden quedar detenidos. Cabe, incluso, la deportación para quien en un plazo determinado no logre demostrar su estatus de "legal". La Ley fue redactada por el Gobierno anterior y aprobada por el Congreso pasado con la intención de controlar el flujo migratorio y combatir la delincuencia. No obstante, el Gobierno de Óscar Arias califica como "excesivas" algunas medidas de la Ley, lo que coincide con el criterio de algunos sectores sociales y autoridades de Nicaragua, país de origen de la mayoría de inmigrantes en suelo tico. De acuerdo con cálculos oficiales, las remesas enviadas por migrantes que laboran en Costa Rica superan los $300 millones anuales. El canciller de Nicaragua, Norman Caldera, dijo ayer que autoridades costarricenses le aseguraron que "no habrá deportaciones masivas", por lo que pidió a sus conciudadanos que no se asusten, según la agencia de noticias DPA. Además de adversar artículos de la Ley, el ministro de Seguridad costarricense, Fernando Berrocal, ha insistido en la carencia de unos ¢7.000 millones necesarios para infraestructura, contratar personal y comprar equipo requerido para implementar la legislación. "Nadie está obligado a lo imposible", argumentó Berrocal, quien no ha especificado hasta ahora cuáles medidas se podrán hacer cumplir con los recursos existentes. De todas formas, el Gobierno anunció que pedirá al Congreso la derogatoria total de la Ley, en un plazo corto, pero incierto. La intención es "congelar" la nueva Ley y que siga rigiendo la que se aplicaba hasta ayer, mientras una comisión con representantes de diversos sectores analizan reformas de fondo. A pesar de que en el Congreso se cuenta inicialmente con los votos necesarios para las reformas, no hubo suficiente tiempo para complacer al Ejecutivo en la intención de prorrogar la entrada en vigencia hasta diciembre del 2007. La Nación publicó el 14 de junio la intención de atrasar la Ley, pero el Gobierno no se lo pidió al Congreso sino hasta el 27 de julio.
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