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Criterios divergentes En cuanto a telecomunicaciones, las premisas de la UCR son cuestionablesIngeniero en telecomunicaciones Ricardo Trujillo Discrepo con la "Propuesta de un marco conceptual y jurídico" de la UCR, por cuanto se basa en premisas cuestionables, es omisa en la interpretación del modelo y tendencias en las telecomunicaciones, y es definitivamente pro status quo. Las premisas cuestionables incluyen: k El éxito de la universalidad del servicio está en la gestión estatal. En realidad fue la innovación tecnológica la que permitió alcanzar índices de universalidad. La teledensidad en telefonía fija creció a ritmo limitado por la alta inversión y el tiempo de construcción de la red, mientras que la penetración en telefonía móvil creció exponencialmente a tasas de dos y tres dígitos en una sola década, pese a tarifas 10 veces superiores. k La concentración de redes en operadores privados son amenaza a la pluralidad cultural. ¿Acaso nos hemos convertido en extranjeros por usar la Internet? Y cada día utilizamos más las redes privadas mundiales, en plena competencia entre sí. En Costa Rica las tarifas de Internet han descendido drásticamente en menos de un lustro, por competencia entre RACSA en alianza con redes privadas y el ICE, y por los incesantes adelantos tecnológicos. Han sido realmente las empresas privadas las únicas que han podido ofrecer Internet en casetas públicas y gratis en hot spots. Y las tarifas para llamadas internacionales también por la competencia del callback y de la VoIP. k La apertura y su "natural" exclusión social afectará la esencia democrática. El modelo tarifario de la telefonía fija en monopolio cumple con el principio de solidaridad siempre que los sectores de bajos recursos estén dentro del alcance físico de la red y tengan capacidad de pago mínima para la suscripción del servicio. La misma Universidad de Costa Rica reconoce esa limitación al abogar por verdaderas tarifas diferenciadas y subsidiadas. Las tarifas para telefonía móvil ya no aplican el principio de solidaridad para usuarios de escasos recursos. Las tiendas privadas que ofrecen financiamiento para la compra de celulares son más solidarias y democráticas con personas de bajo ingreso que el monopolio estatal. Ignorancia de modelo y servicio. La propuesta incluye un enfoque histórico, pero omite describir el modelo actual del servicio y sus tendencias de permanente cambio. Las telecomunicaciones han evolucionado de un modelo centralista de conmutación de los circuitos para voz humana a un modelo distribuido de procesamiento y transporte de grandes volúmenes y tráficos de puros datos. Hemos visto la sustitución de la topología de red en estrella por una fractal. Pasamos de un modelo donde el abonado buscaba la red (núcleos comerciales alrededor de la central telefónica), a otro donde el operador busca al cliente (estadios, carreteras, mercados). Hoy, el abonado invierte más dinero en su terminal que el operador en la línea que le brinda el servicio. Y el mayor procesamiento de la información está en la terminal no en la red, reduciendo la infraestructura de telecomunicación a simples vías de tránsito de información de bajísimo costo. Y, a mayor competencia e innovación mundial, menores los costos de infraestructura y terminales, siempre que exista un apropiado marco legal para la comercialización y libre competencia de ambas. La propuesta intenta protección económica y legal para una empresa estatal, política propia del siglo XX, en contraposición a la urgente e inexistente legislación de protección al individuo que se requiere para el siglo XXI. Ya no es legislando para proteger el "patrimonio institucional" como se logra mayor desarrollo en cumplimiento con el artículo 50 de la Constitución, sino a través del estimulo a la producción asociado con la libertad de consumo e inversión de 5 millones de habitantes y de sus crecientes entidades productivas privadas.
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