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En Vela Julio Rodríguez envela@nacion.com Podrían dejarse de lado, por rutinarias, las noticias sobre el hallazgo, por parte de Diego Víquez, el director ejecutivo del IMAS, de ¢5.000 millones engavetados en esta institución, o bien, el abandono de dos furgones convertidos en Ebais, por ¢100 millones, uno en Parrita y otro en Puntarenas, en la desadminitración anterior. Pero ¿por qué reparar en minucias? ¿No ha sido esta la tónica estatal por muchos años sin que nada pase? Aquí, como se sabe, todo pasa, pero a los responsables nada les pasa, aunque los pobres pasen. Mejor, en vez de sumergirnos en noticias tristes, levantemos el espíritu y traigamos a cuento, de nuevo, la telenovela bimestral del Sindicato de Trabajadores de Japdeva, cuyo nombre, sin siglas (Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo de la Vertiente Atlántica), es inversamente proporcional, por su volumen silábico, al número de problemas resueltos en Limón y las metas cumplidas de desarrollo sostenido. Esta telenovela lleva rato. Su núcleo consiste en el pago de ¢447 millones a los trabajadores, en aras de la convención colectiva y más allá, que, según Aresep y otras instancias, quebranta las normas legales, lo que, en Tiquicia, ya no importa. Son, para citar una frase célebre, peanuts. Como este monto no se ha pagado, precisamente por ilegal, los dirigentes sindicales han echado mano al misil del tortuguismo que, por supuesto, afecta las importaciones y las exportaciones, otro peanut. El Gobierno anterior utilizó los meandros de Corbana, de los bananeros y de las Temporalidades de la Iglesia -esta como facilitadora- para pagar, lo que podría meter en camisa de once varas a los funcionarios de la administración anterior y otros personajes, de comprobarse el carácter de recursos públicos o de una donación, también ilegal. Por otra parte, en el presente gobierno se ha escogido la vía de la donación acogida en el presupuesto para pagar un monto que no por ello pierde su ilegalidad. Los dirigentes sindicales, entonces, amenazan con el tortuguismo y, ¡cáigase el cielo!, exigen la promesa oficial de no concesionar el servicio de muelles. En resumidas cuentas, el cogobierno y el chantaje más depurado, aunque se pague con donaciones privadas bajo el alero del presupuesto nacional. Este pago se puede adornar, asperjar de mil maneras y ponerle lacitos en las puntas, pero es un chantaje. Y Costa Rica no puede seguir a punta de chantajes, la forma más insidiosa y graciosa de sustituir el Estado de derecho por la "pelelocracia" o -para reforzar su cadencia griega- por la "papanatocracia".
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