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EDITORIALLa Caja de ANDE Las asociaciones de educadores se han sobresaltado, con toda razón, ante las informaciones de La Nación, del miércoles pasado, sobre la compra y atraso en el funcionamiento adecuado de un sistema de cómputo para uso de la Caja de Ande. Este equipo costó $4,2 millones y debió estar en marcha desde hace cuatro meses. Sin embargo, por el atraso en la implementación de la plataforma correspondiente y las consiguientes prórrogas, el costo del proyecto ya llega a $6,7 millones. Este equipo fue contratado en junio del 2004; la empresa se ha atrasado en su funcionamiento y la Caja de Ahorro y Préstamos de la Asociación Nacional de Educadores no ha aplicado las sanciones correspondientes. En vista de ello, la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) ha emplazado a las autoridades de la Caja de ANDE para que exijan el cumplimiento del contrato, las cuales, más bien, han ampliado los plazos. El último acuerdo entre las partes establece que el 8 de setiembre próximo debe realizarse la entrega definitiva, lo que, obviamente, implica el funcionamiento cabal del sistema de cómputo. Complica el análisis de los hechos la desestimación, de parte de la directiva de la Caja de Ande, de las recomendaciones del equipo técnico a cargo del estudio de las ofertas. Pese a estas y a la ignorancia de los directores en la materia, se adjudicó la licitación a la firma con el menor puntaje, Control Electrónico S. A. (CESA), representante en Costa Rica de la firma SunMicrosystems. Esta empresa aduce, en su defensa, que su oferta prevalecía por ser la única que incluía una solución integral, que los atrasos obedecieron a requerimientos adicionales al contrato y que las demoras no han encarecido el proyecto. La divergencia de criterios, entonces, entre la empresa y Sugef es palpable, así como en lo tocante al encarecimiento del sistema. No es nuestra intención señalar culpables, pero, dada la diferencia de criterios, el buen juicio sugiere algunas observaciones. La compra de equipos de cómputo en el Estado han sido una calamidad, duramente denunciada en recientes informes. Estas irregularidades han dado lugar a la desviación o despilfarro de sumas gigantescas. Estos antecedentes deben ser motivo suficiente para que este caso se investigue con prontitud y eficacia a fin de determinar si hay responsabilidad de la empresa y de la junta directiva de la Caja de Ande. Desde este punto de vista, complace sobremanera la reacción inmediata de los dirigentes de APSE, máxime si se tienen en cuenta las críticas formuladas anteayer por esta asociación contra la desviación de recursos de la Caja de ANDE para favorecer a sus miembros. Este hecho agrega un elemento de juicio preocupante y revelador. La investigación propuesta por APSE, que posiblemente sea secundada por la junta directiva de ANDE, ha de ser amplia y profunda, y no debe, por lo dicho, circunscribirse a esta licitación y otros gastos. El punto de partida, además de la gravedad de los hechos, se encuentra en las declaraciones del presidente de APSE, Jesús Vásquez: "Nos preocupa porque la Caja de ANDE es nuestra, somos los accionistas". Bien dicho. Los accionistas deben exigir una rendición de cuentas completa y transparente, en cuanto a esta licitación, mas hay suficientes elementos de juicio para que la investigación sea total. La Caja de ANDE, patrimonio de los educadores, que tantos beneficios les ha brindado, debe ser un modelo de recta administración. Esta es la oportunidad para descorrer velos y darles cuentas cabales a los educadores, sus socios, sobre su gestión, presente y pasada. ¡Han sido tantas las sorpresas en el país sobre el manejo financiero de entidades públicas y privadas que bien vale la pena proceder con energía y con previsión!
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