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Sala de Redacción EE.UU. aumenta equipos de detección y remoción de indocumentados 11:18 AM hora local Washington (DPA). Las autoridades migratorias de Estados Unidos sumaron nuevos grupos para la detención de extranjeros fugitivos, con lo cual el número de arrestos ascendió a unos mil inmigrantes por semana, informó hoy el gobierno. "Estados Unidos es tierra de oportunidades, pero es también una nación de leyes", dijo la jefa de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), Julie Myers. "La orden de remoción (de Estados Unidos) dada por un juez de inmigración no es opcional y debe ser respetada. Además, estos nuevos equipos de detección de fugitivos aumenta la capacidad de ICE de buscar agresivamente violadores de las leyes de inmigración como parte de nuestra estrategia nacional de aplicación interna de las leyes", agregó Myers. Esta medida forma parte de un nuevo dinamismo adoptado este año por la administración Bush en la aplicación de las leyes migratorias, una reacción a las protestas de los sectores anti-inmigrantes que acusan al gobierno de ignorar la violación a las normas de inmigración por parte de los indocumentados, estimados en unos 12 millones de personas. Muchos de los indocumentados han sido arrestados o detenidos - a veces por no parar en un semáforo en rojo, o por estar en la vía pública en estado de ebriedad - y en ese caso son derivados a un juez de inmigración, que en general ordena a la persona abandonar el país, pero un porcentaje mínimo de extranjeros cumplen esa orden. Programas de perfil anti-inmigrante, como la revista informativa que conduce Lou Dobbs en la cadena CNN y el programa de noticias policiales "American Most Wanted" del canal conservador Fox, suelen dedicar grandes espacios a casos de inmigrantes latinos indocumentados que cometieron asesinatos y violaciones. Estos programas acusan al gobierno de haber sido demasiado benevolente con estos inmigrantes, muchos de los cuales habían sido arrestados y un juez había ordenado su remoción. Sin embargo, fueron liberados en lugar de deportados, con lo cual es fácil para el inmigrante cambiar de domicilio y perderse en la sociedad estadounidense. Las medidas anunciadas hoy están específicamente dirigidas a detectar a indocumentados que tengan antecedentes penales. "Los equipos priorizan sus esfuerzos para arrestar fugitivos y otros extranjeros ilegales de acuerdo a criterios de seguridad pública y otros factores", indicó ICE en un comunicado. "De los más de 52.000 extranjeros ilegales arrestados por los equipos de operaciones de fugitivos desde su creación en 2003, unos 22.669 tenían sentencias por crímenes que incluyen homicidios, asaltos sexuales a niños, robo, asaltos violentos, narcotráfico y otros crímenes agravados", señaló. La administración Bush ha tomado otras medidas de aplicación de la ley de inmigración. Por ejemplo, envió a la Guardia Nacional a apoyar las tareas de las patrullas fronterizas y aumentó en forma significativa los allanamientos a lugares de trabajo considerados sensibles para la seguridad nacional, tales como aeropuertos, puertos y complejos militares, para arrestar a indocumentados que puedan estar trabajando allí. Con el anuncio de hoy, el número de equipos destinados a este tipo de operaciones aumentó a 45. En forma colectiva, estos grupos arrestan a unos mil indocumentados por semana, según datos de ICE. La propuesta de presupuesto para 2007 de la administración Bush incluye la creación de otros 18 equipos como estos. El presidente George W. Bush es partidario de una reforma migratoria que permita legalizar a la enorme mayoría de los indocumentados y que cree un programa de trabajadores huéspedes, pero la dirigencia del ala anti-inmigrante de su propio Partido Republicano, que controla la Cámara de Representantes, se opone tajantemente con el argumento de que la legalización sería un premio para violadores de la ley. Este sector republicano dice que apoyaría una reforma migratoria de este tipo el día que se apliquen las leyes vigentes, colocando a la administración Bush en la difícil disyuntiva de aplicar una legislación que la propia Casa Blanca considera inadecuada, o dar por perdida la batalla legislativa por una reforma migratoria.
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