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Acuerdo peligroso Me resulta muy censurable la posibilidad de "conciliar" en derechos humanosPaul Rueda paulrueda@yahoo.com.ar Abogado Con motivo de la denuncia que Nicaragua interpuso contra Costa Rica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, este órgano le propuso a las partes que llegasen a una solución amistosa. Tal posibilidad, jurídicamente plausible por encontrarse contemplada en el artículo 48.f. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es, sin embargo, políticamente controversial. Por cuestión de principios, muy censurable me resulta la posibilidad de "conciliar" en derechos humanos. La peculiar naturaleza jurídica de esta materia, como ninguna otra ligada a la dignidad intrínseca del ser humano, debería restringir con firmeza la clase de asuntos en que se pueden entablar "soluciones amistosas". Recuérdese que lo que se discute aquí no es solo la lesión sufrida por un individuo en un caso concreto, sino el respeto a la dimensión social y objetiva de las normas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cuya observancia es esencial para la humanidad.
Admisión de culpa.En asuntos penales, cuando un imputado concilia -llega a un acuerdo previo al juicio- de hecho deja la imagen de que está admitiendo la culpa y evitando el mal mayor que ocurriría de emitirse una sentencia judicial condenatoria. Ese riesgo persiste también en derechos humanos, cuando se admite una "solución amistosa". Nicaragua ha aceptado con prontitud el ofrecimiento. Sin duda, en esa decisión ha pesado el reconocimiento de la insensatez del alegato planteado. Si del mero retardo al derecho a la justicia pronta y cumplida se trata, a diario veríamos a miles de personas, en Nicaragua y en Costa Rica, haciendo fila ante la Comisión alegando que hay impunidad. Además, como lo ha apuntado nuestra Cancillería, Nicaragua ni siquiera intentó agotar los recursos internos previamente a formular su petición, lo que violenta de manera abierta el artículo 46.1.a. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En la prensa ha circulado la noticia de que el acuerdo tocaría aspectos relativos a las decisiones soberanas tomadas por el país en migración. Sin embargo, para eso no se requiere aceptar solución amistosa alguna; mucho antes de la denuncia nicaragüense, diversas autoridades y líderes costarricenses habían recomendado un nuevo estudio de la ley de migración, decisión que se vería oscurecida si se diera ante el mundo la apariencia de que tal actuación tiene como motivo evitar un enjuiciamiento internacional o que es provocada por presiones externas, ya sean de Nicaragua o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El mejor camino. En todo caso, si el Estado costarricense hubiese cometido alguna falta contra los derechos humanos, es preferible que un órgano jurisdiccional legitimado así nos lo indique, tal como sucedió en la causa de Herrera Ulloa contra Costa Rica, en la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que el Estado había violentado los derechos a la libertad de expresión y pensamiento (artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) , así como las garantías judiciales de imparcialidad y a recurrir de manera plena en cuestiones penales (artículos 8.1 y 8.2.h de ese mismo cuerpo legal). Ese tipo de resolución sirve de guía para que los gobernantes corrijan lo que esté defectuoso y, así, la sociedad perfeccione su sistema político según los derechos humanos. Ergo, si en el trámite judicial de las gravísimas lesiones sufridas por Natividad Canda y José Ariel Urbina se hubiese violentado el régimen jurídico de los derechos humanos, en buena hora que sea señalado; si, al contrario, nuestro Estado ha tramitado las causas con igual diligencia que en asuntos penales similares, entonces que la opinión mundial conozca la actuación correcta del país. Mucho lamentaría que en el espectro internacional continuasen las noticias que sugieren una xenofobia institucionalizada en Costa Rica, como en la edición de El País del 19 de julio pasado, máxime cuando la gente comúnmente se detiene a leer tan solo los titulares, lo que podría suceder si Costa Rica admitiese el acuerdo propuesto y Nicaragua no se retractase, en forma expresa, de su denuncia de xenofobia.
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