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Privados de libertad hacen viviendas de exportación Casas se venden en España y Portugal a precios entre $7.000 y $25.000Programas en penales generaron ingresos por ¢761 millones en el 2005 Juan Fernando Lara S. jlara@nacion.com Desde hace tres años, la empresa Casas Prefabricadas Europeas exporta, a España y Portugal, viviendas construidas por privados de libertad del Centro Seminstitucional de San Luis, localizado en Santo Domingo de Heredia. El presidente de la empresa, Ignacio Murcia, espera enviar este año entre 70 y 80 casas cuyos precios van de $7.000 a $25.000 sin incluir costos de transporte.
Las paredes y bases que componen las viviendas viajan en contenedores a su destino, en donde se montan en solo dos días. Murcia dijo que la producción mensual alcanza las 50 viviendas. Intervienen 18 internos que ganan unos ¢100.000 al mes. Los participantes forman parte de la población penitenciaria en régimen de "comunidad". Ese es un nivel de mayor confianza, que permite a los internos salir del centro en San Luis y trasladarse a la fábrica de Murcia, localizada a unos 150 metros del penal. Beneficios. La colocación de este tipo de mano de obra en empresas privadas y otros proyectos del Gobierno contribuye a disminuir las riñas y el consumo de drogas en los centros penales. Junto a lo anterior, los privados de libertad aprenden un oficio y generan dinero para sus familias. Los ingresos que produce este tipo de mano de obra se reinvierten en el sistema penitenciario, dijo Laura Chinchilla, ministra de Justicia. Según cifras del Patronato de Construcciones -órgano adscrito al despacho de la ministra-, el año pasado se generaron ¢760 millones en ganancias de proyectos industriales y agropecuarios del sistema penitenciario nacional. Las líneas de producción incluyen fabricación de productos de concreto, pupitres y mobiliario de oficinas. También se cultivan hortalizas, se crían cerdos, vacas y aves de corral, así como se producen tilapia y huevo de gallina. Todos los proyectos son autosuficientes económicamente, destacó Chinchilla. Agregó que, fuera del sistema penitenciario, la producción es adquirida por otras entidades del Gobierno. "Nuestro objetivo es que las instituciones del sector público se conviertan en consumidoras de algunos de los bienes que producimos", declaró Chinchilla. Algunos de los clientes estatales son Recope, municipalidades y los ministerios de Salud y Educación. De esa forma se suprimen procesos de contratación administrativa y se ofrecen productos a precios más bajos que en el mercado y con la misma calidad. En las empresas privadas, el objetivo principal de estos programas es colocar mano de obra del sistema penal. La cartera de Justicia tiene bolsas de trabajo que ofrece a empresas privadas, pero Chinchilla señaló que la cifra de participantes ha disminuido por falta de publicidad del propio ministerio.
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