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Fiscalía trata de erradicar impunidad en robo a turistas El objetivo es que fiscales, jueces y defensores reciban denuncias en playasOIJ indagará el uso del combustible subsidiado dado a los pescadores Nicolás Aguilar R. naguilar@nacion.com Punta Cocles, Limón. Jueces y fiscales, acompañados de defensores públicos, acudirán a las playas de mayor afluencia turística del sur de Limón para recibir denuncias de turistas víctimas de la delincuencia. El objetivo, según el fiscal general, Francisco Dall'Anese, es conocer delitos que ahora quedan en la impunidad porque los extranjeros regresan a sus países sin reportar el robo de sus pertenencias. Esa iniciativa se pondrá en práctica a manera de plan piloto en Cahuita y Puerto Viejo. El plan surgió durante una reunión que sostuvieron ayer el Fiscal, Jorge Rojas (director del OIJ), Fernando Berrocal (ministro de Seguridad) y otras autoridades para analizar los altos índices de delincuencia registrados en Limón. Plan. Francisco Dall'Anese explicó que el objetivo es recibir las declaraciones de víctimas y testigos antes de que abandonen el país. Esas declaraciones se usarán como anticipos jurisdiccionales de prueba contra imputados que sean apresados luego. En este proyecto, el Ministerio de Seguridad Pública y la policía judicial tendrán que levantar un álbum o registro fotográfico que será mostrado a las víctimas para que identifiquen a los responsables de cometer el delito. La policía conoce que algunos sujetos se especializan en atacar a extranjeros para robarles cámaras y tarjetas de crédito, así como dinero en efectivo. Los jefes policiales acordaron también poner más cuidado a un número no precisado de pescadores que se benefician con un subsidio para combustible que, se sospecha, se entrega a lanchas rápidas del narcotráfico internacional. "No son todos; muchos trabajan honradamente", dijo Jorge Rojas, director del OIJ. En tanto, el ministro Fernando Berrocal insistió en que "solo con alianzas" se puede luchar contra la delincuencia. Berrocal anunció que firmará un convenio con empresas de seguridad privada a más tardar en setiembre próximo. Añadió que ese acuerdo es analizado por la Procuraduría y la Defensoría de los Habitantes.
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