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Altos gastos en alquileres de locales preocupan a Hacienda Este año, 24 instituciones públicas pagan ¢8.446 millonesMinisterio de Hacienda, MOPT y Poder Judicial hacen mayor erogación Irene Vizcaíno ivizcaino@nacion.com Los montos que pagan las instituciones públicas por alquiler de edificios tienen preocupadas a las autoridades del Ministerio de Hacienda. Esos pagos significaron ¢5.968 millones en 19 de las 66 entidades del Gobierno Central, y ¢2.477 millones en los poderes Judicial y Legislativo.
Así consta en datos que maneja la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, adscrita al Ministerio de Hacienda. Según ese informe, los entes que pagan más alquileres son el ministerio de Hacienda, el Poder Judicial y la cartera de Obras Públicas y Transportes (MOPT). "En el informe de los cien días de Gobierno seremos muy claros en denunciar que eso (los alquileres) es una barbaridad, no solo en Hacienda, sino en cuanto a propiedades del Estado", manifestó Guillermo Barquero, director financiero y administrativo de Hacienda. Para conocer la dimensión del problema, que ya se considera un "hueco" en la bolsa del Estado, todas las entidades deben informar de las instalaciones que alquilan o que poseen, y de sus usos. El ministro Guillermo Zúñiga aseguró que, una vez que se cuantifiquen los gastos, deberán revisar y hacer recomendaciones. Para Barquero, es un hecho que el Estado no seguirá creciendo y, por esto, es hora de que las instituciones estratégicas cuenten con sus propios edificios. En esa clasificación se encontraría el Ministerio de Hacienda, que para el 2006 presupuestó ¢2.071 millones destinados a alquileres. En esa suma se incluyen los ¢83 millones del edificio La Llacuna, en el centro de San José, donde están acomodando a parte del personal de Tributación Directa y a parte de la Dirección de Aduanas. Por lo propio. El plan a mediano plazo es ubicar a todos esos funcionarios en edificios propios, por lo cual se creó un comité para buscar opciones de construcción. Una posibilidad es ampliar el edificio central de Hacienda (en el antiguo Banco Anglo, San José). Otra posibilidad es construir en un terreno de 3.000 metros cuadrados en Tibás o en otro de 29.000 metros cuadrados que está en Las Cañas de Alajuela (antiguas instalaciones de la Aduana).
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes también ha abordado el asunto de los alquileres y reorganiza sus oficinas. "Yo no he recibido ninguna directriz de Hacienda. Estas decisiones las tomamos por ahí de junio, cuando comenzamos a revisar el presupuesto", aclaró la ministra Karla González. La primera medida es trasladar el Consejo Nacional de Concesiones, que paga un alquiler de ¢81 millones anuales, al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi). Adicionalmente, se está en proceso de licitación a fin de construir un nuevo edificio para el Departamento de Licencias en un terreno que le pertenece, ubicado junto al Conavi. Luego, el Consejo de Transporte Público e Ingeniería de Tránsito serían trasladados a las instalaciones que actualmente ocupa Licencias. Durante el 2006, el Poder Judicial gasta ¢1.510 millones por edificios alquilados. Debido a ello, ha iniciado un proceso de compra de inmuebles y ha retomado los planes de construcción que tenía desde años atrás. El Poder Judicial ya 'salió de compras' Irene Vizcaíno ivizcaino@nacion.com El Poder Judicial pagó cerca de ¢850 millones por tres inmuebles ubicados en los alrededores de la los tribunales de San José. Se trata del edificio Alpino (que estaba ocupado casi en su totalidad por oficinas judiciales), uno que pertenecía a la Universidad Estatal a Distancia y el que ocupó Tributación Directa. En criterio del director ejecutivo del Poder Judicial, Alfredo Jones, la erogación se recuperará en pocos años porque dejarán de alquilar por lo menos siete inmuebles en esa zona céntrica. "El Poder Judicial alquila más de ciento cincuenta locales en todo el país: en su mayoría, casas sin ninguna seguridad", detalló Jones. A las adquisiciones se suma la construcción del Circuito Judicial de Turrialba, en Cartago, que ya se inició, lo mismo que la del Archivo Judicial y depósito de vehículos en el Complejo de Ciencias Forenses, en San Joaquín de Flores, Heredia. También se sacó a licitación el diseño de los edificios en Pococí (Limón) y Grecia (Alajuela). El magistrado Luis Guillermo Rivas, presidente de la comisión de construcciones del Poder Judicial, confirmó además que en los ¢124.000 millones solicitados para el 2007, se incluyen ¢5.000 millones para retomar el plan de levantar el Tercer Circuito Judicial de San José, en Hatillo, cuyo costo es de ¢9.000 millones. En la lista quedan obras pendientes, como la de Cañas (Guanacaste), donde la estructura que se alquilaba fue declarada inhabitable. Eso obligó a dispersar oficinas, también alquiladas, por toda la ciudad.
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