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Penas alternativas con 12 años de fila en Congreso Plan fue presentado en 1994 y volvería a discutirse en setiembreIncluye nuevos delitos y da mayor margen al juez para imponer castigos Irene Vizcaíno ivizcaino@nacion.com Doce años tiene ya de esperar aprobación en la Asamblea Legislativa el proyecto de Código Penal que crea sanciones alternativas a la pena de prisión. Esta posibilidad está incluida en el plan que comenzó a tramitarse en mayo de 1994 y fue dictaminado por la Comisión de Asuntos Jurídicos en abril del 2003.
Su principal novedad es la creación de castigos que pueden sustituir la cárcel, como es el caso del servicio comunal, el arresto domiciliario, la detención de fin de semana o el cumplimiento de instrucciones. Antes de imponer estas penas, el juez deberá darle audiencia a la víctima que esté localizable. "Este es uno de los proyectos más seriamente discutidos y analizados de la historia jurídica costarricense. Se han invertido muchos recursos, mucho tiempo y es hora de tomar una definición", manifestó José Manuel Arroyo, presidente de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, al plan todavía le falta camino por recorrer, durante el cual se prevé una fuerte polémica como ocurrió en el pasado. Desde mayo y hasta mediados de agosto el proyecto está en estudio en el Poder Judicial, a solicitud de los nuevos diputados. El proyecto podría ser discutido el próximo mes al ser uno de los convocados por el Poder Ejecutivo en las sesiones extraordinarias que se extienden hasta el 31 de agosto. Positivos.Las últimas mociones que se le hicieron, según explicó el diputado Alexánder Mora, presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, prohibían la aplicación de procedimientos alternativos al juicio en delitos sexuales en perjuicio de menores de edad. En su criterio, a pesar de los cambios a los que pueda estar sujeto el proyecto, sí hay ambiente político para su aprobación. Una de las principales críticas que se le hacen a la reforma es que podría generar impunidad por crear penas distintas a la prisión. Empero, Laura Chinchilla, actual ministra de Justicia y exdiputada, asegura que no ocurrirá. Según ella, lo que ofrece el proyecto es una relativa flexibilidad para que el juez tome una decisión sin estar obligado a hacer una determinada combinación de penas. En algunos casos, incluso le da la posibilidad al juzgador de aumentar los extremos de la sanción hasta en un tercio. Ocurre, por ejemplo, cuando el delito es cometido por una recompensa, por discriminación, con fines terroristas o valiéndose de una relación de poder. En las cárceles.Lo que para la Ministra es cierto, es que la posibilidad de aplicar castigos alternos a la prisión ayudaría a resolver un problema carcelario. "El sistema está colapsando por la gran demanda que tienen los tribunales de justicia, la rigidez del sistema penal y la recurrencia de la prisión", agregó. Estudios del Instituto de Naciones Unidas para la Prevención del Delito colocan a Costa Rica como el tercer país de América Latina en el uso de prisión. La sobrepoblación carcelaria alcanzó en 1998 un 60%, más que todo en la Unidad de Admisión de San Sebastián, al sur de San José, lo que motivó a la Sala IV a prohibir el ingreso de reclusos. Ocho años después el Gobierno eliminó la sobrepoblación. Sin embargo, como advirtió la exministra de Justicia, Patricia Vega, las inversiones deberán ser continuas para responder a la demanda de cupos.
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