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Pobreza y el sistema tributario Ignorar el sistema tributario es un error y lo pagan los que menos tienenDavid Fuentes Montero Ministro de Hacienda Generalmente pensamos que un adecuado manejo del gasto público es la única vía para la redistribución de la riqueza en un Estado democrático y solidario. Creemos que solo asignando recursos a los sectores más necesitados, vía destinos específicos o presupuestos públicos, cumplimos con la responsabilidad que establece el artículo 50 de la Constitución: "El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza...". Esa concepción de la función redistributiva del Estado y, en consecuencia, de la lucha contra la pobreza desde la perspectiva exclusiva del gasto público ignora algo que resulta fundamental de la equidad y la solidaridad en la redistribución de la riqueza: la estructura y composición del sistema tributario. Hablar de lucha contra la pobreza sin considerar el sistema tributario, o legislar descuidando su diseño, algo característico en los países subdesarrollados, es un error que pagarán injustamente los que menos tienen, ya que la insuficiencia en los ingresos tributarios conlleva la falta de recursos y el gasto público genera déficit fiscales crónicos, financiados con endeudamiento. Medidas urgentes. Todo esto debería redundar en una crisis generalizada; si no ha ocurrido, es debido a que los ministros de Hacienda, sin más remedio, hemos tenido que adoptar medidas como recortar el gasto, sin poder aumentar la inversión en áreas prioritarias para el desarrollo, con el fin de mantener disciplina fiscal más responsable. Estas medidas permitieron reducir el déficit fiscal al 2,1% en el 2005, el más bajo de los últimos 11 años. Para cumplir con el artículo 50 -"Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La Ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes"- y atacar con seriedad esta problemática, no podemos seguir tolerando la defraudación fiscal ni la posibilidad de que el contribuyente disminuya el impuesto amparado en disposiciones de las leyes tributarias. Lamentablemente, no nos percatamos de la importancia del sistema tributario, como prueba la idea sobre la corrupción, que visualizamos desde la perspectiva exclusiva del gasto público al suponer que solo los recursos que ya ingresaron y están presupuestados son susceptibles de ser sustraídos mediante tráfico de influencias, administración fraudulenta, peculado y todo tipo de maniobras delictivas de quienes administran fondos públicos. Prácticas "legales". Claro está, lo anterior es lo más visible y menos complejo de medir porque está cuantificado y fue aprobado. Pero hemos sido indiferentes ante la permanencia en las leyes de los impuestos cedulares y del criterio de territorialidad, claro ejemplo de fomento "legal" de prácticas elusivas, también ante los tratamientos privilegiados obtenidos precisamente por diferentes grupos económicos y grupos de presión, que, además de representar un trato desigual para distintos contribuyentes, disminuyen drásticamente el potencial recaudatorio y, lo peor, lo hacen impunemente porque la ley actual lo permite. En todo esto, los que menos tienen son los más afectados por la inflación y la baja actividad económica, resultado de la inestabilidad fiscal y la falta de gasto público productivo. Esta situación es insostenible y, de persistir, no podremos, en el mediano y largo plazo, continuar con estabilidad económica y así disminuir la pobreza. La reforma fiscal soluciona significativamente estas omisiones y carencias del sistema tributario y, si queremos avanzar hacia una sociedad más justa y solidaria, debemos aprobarla cuanto antes.
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