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Listas de guerra



Paul Rueda


En sentencia de las 14:31 horas del 8 de setiembre del 2004, la Sala Constitucional pronunció uno de los fallos más relevantes de su historia, no solo porque anuló el acuerdo del Poder Ejecutivo del 19 de marzo del 2003, relacionado con el conflicto bélico contra Iraq, sino también porque, de manera expresa, estableció la existencia del derecho constitucional a la paz y dictaminó la posibilidad de que cualquier costarricense pueda defenderlo sin necesidad de juicio previo.

Asimismo, la Sala ordenó al Gobierno hacer las gestiones necesarias para que los EE. UU. excluyeran a nuestro país del listado de miembros de la coalición contra Iraq, publicada en la página web de la Casa Blanca.

El Gobierno, ciertamente, actuó de conformidad; no obstante, la sentencia supracitada solo ha sido cumplida de manera parcial.

Costa Rica sigue ahí. En efecto, el Gobierno de EE. UU. procedió a modificar la información en su dominio www.whitehouse.gov; sin embargo, se dejaron en él dos páginas con contenido y fecha idénticos, en las que se anuncia "la lista actual" de los países miembros de la coalición, en una de las cuales continúa apareciendo el nombre de Costa Rica (compárese http://www.whitehouse.gov/news/ releases/2003/03/20030327-10.html con http://www.whitehouse.gov/infocus/iraq/news/20030327-10.html). El problema se agrava por cuanto, si se busca el término "current coalition members" en el dominio de la Casa Blanca aparece primero, en orden de relevancia, la página que contiene el nombre de Costa Rica, lo que conlleva a más confusiones, toda vez que la famosa enciclopedia Wikipedia y otras fuentes de investigación, a la hora de determinar quiénes forman parte "actualmente" de la mencionada fuerza multinacional, citan directamente la página de la Casa Blanca en la que persiste el nombre de Costa Rica (véase http://en.wikipedia.org/ wiki/Coalition_of_the_willing # List_of_nations_in_the_Coalition).

Por otro lado, en el dominio de la Casa Blanca permanece el lamentable comunicado del 19 de marzo del 2003, en el que el Poder Ejecutivo, en la figura de don Abel Pacheco y don Roberto Tovar, expresa: "nuestra vocación de paz no debe ser interpretada como indiferencia o tolerancia ante el terrorismo. Además, en el conflicto entre la paz y el terrorismo no somos neutrales. Costa Rica es y será una aliada leal, firme y decidida a favor de quienes buscan la paz, la libertad, la democracia y el respeto al derecho internacional" ( http://www.whitehouse. gov/infocus/iraq/news/20030326-7. html).

Indiscutible violación. Ese acuerdo fue anulado por la Sala Constitucional, medida que restableció el respeto a nuestro ordenamiento jurídico y régimen de convivencia, violentado por el Poder Ejecutivo, que expresó un criterio contumaz que nunca representó la voluntad de la inmensa mayoría de la población. Con el transcurso del tiempo, el carácter apodíctico de la inconstitucionalidad declarada se ha acrecentado, no solo por la indiscutible violación acaecida en contra de los cánones jurídicos que rigen la materia en los tratados internacionales y nuestra Ley Fun- damental, sino también porque ha quedado sobradamente demostrado que el argumento principal para justificar la guerra -el peligro que representaba para la paz mundial la posesión de armas de destrucción masiva por parte del régimen del Sadam Husein- resultó ser falso.

Ante esta situación, considero que el Poder Ejecutivo está en la obligación de realizar las gestiones diplomáticas correspondientes para que, por una parte, en forma definitiva, Costa Rica sea excluida del grupo de países integrantes de la coalición y, por otra, se elimine la referencia al acuerdo del Poder Ejecutivo citado, en virtud de que fue anulado por la jurisdicción constitucional y resulta contrario a la vocación por la paz de la sociedad costarricense. Si la solicitud es remitida de manera clara y precisa, no tengo la menor duda de que el Gobierno de Estados Unidos corregirá el problema prontamente, puesto que en declaraciones oficiales ha manifestado su anuencia a respetar las decisiones institucionales del país en cuanto al punto en discusión.

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