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¿Reforma fiscal o mental? El proyecto para la Ley del Impuesto Único es simple, sin lenguaje oscuro, con ideas clarasJuan Francisco Gutiérrez Rosales jfgutierrez@cfia.or.cr Ingeniero civil Debemos prestar atención al Editorial "El denominado flat tax" (La Nación, 10/4/06), al artículo del licenciado Jorge Guardia del 11 de abril y al artículo de El Financiero, 10 al 16 de abril del 2006: "Lo mejor es un impuesto de tasa única", de Leonardo Salazar y Juan Carlos Hidalgo. Perfilan alternativas sobre impuestos, tributos o como quieran llamarse, más allá del cinturón de pensamiento creado en la discusión de la llamada Ley de Pacto Fiscal, con resultados conocido por todos. Desde abril del 2006 se yergue una pica solitaria en la corriente Legislativa: El proyecto de Ley del Impuesto Único, n.° 15.865, legó al primer lugar de la agenda, Comisión de Asuntos Económicos, período ordinario 2006, pero su impulso no era oportuno pues el Pacto Fiscal y este proyecto son excluyentes, y la voluntad política estaba a favor del primero. Hace como 20 años, leí sobre la idea de un impuesto único y la fui concretando, en especial en los últimos cuatro años como asesor legislativo, con datos y cálculos más precisos para el proyecto. Es momento de pensar y reflexionar en un impuesto único que rige en muchos países en el mundo; en Costa Rica se mencionó en el turbulento año de 1835, cuando hubo cuatro gobernantes. Se trata de tomar posiciones para una reforma mental en vez de una reforma fiscal. Maraña evasora. El proyecto es simple: pocos artículos, sin lenguaje oscuro o confuso, con ideas claras. Creativo, fácil de recaudar, administrar y muy difícil de evadir. Es un mito que la materia de impuestos es de especialistas y no podemos opinar los que pagamos; lo que es de versados es descifrar la maraña de leyes creada para favorecer la evasión o elusión, modus vivendi de algunos. Crea un impuesto único sobre el uso de 3 millones de hectáreas privadas de terreno, del total de 5.110.000 que tiene Costa Rica. Las divide en cuatro zonas y cinco valores de impuestos con un ingreso total mayor a ¢2,7 billones. Suprime más de una docena de impuestos que pagan una parte de las empresas y las clases media a baja: renta, ventas, consumo, combustible, salarios y pensiones, traspaso de bienes inmuebles, propiedad de vehículos y otros que vencerán en los próximos años (derechos de importación y salida) así como las injustas transferencias al Gobierno central. Se logra una justicia tributaria real: el que más terreno tiene paga más, el que tiene poco terreno paga poco y el que no tiene terreno no paga nada. Grava una manifestación importante de la riqueza material como son los terrenos en función del uso que tengan. Cifras inigualables. La economía del país se nutriría con ¢2,6 billones por año: ¢1,3 billones de innecesarios Bonos de Deuda Interna y ¢1,3 billones por los impuestos suprimidos existentes sobre las espaldas de los ciudadanos. Ningún empréstito o ayuda externa puede igualar esas cifras. El Ministerio de Hacienda concentraría su papel como emisor de cobros y supervisor de los ingresos enviados por las municipalidades, auditadas por la Contraloría General de la República. Como pivote central enviaría a cada gobierno local los cobros a propietarios de terrenos para recaudar localmente. Cada municipalidad separa un 10% para un fideicomiso municipal y envía un 90% al Gobierno Central. La recaudación municipal casi se cuadruplica y el Gobierno central tendría recursos frescos y suficientes para sus obligaciones sin emisión de Bonos de Deuda Interna (los cuales ya sobrepasan los ¢5 billones). El Ministerio de Trabajo tendría el nuevo papel relevante con recursos suficientes para generar empleo, contribuir en la creación de empresas y tomar la posición propia de visión hacia el futuro. Hay una pica reluciente, no en Flandes, sino en Cuesta de Moras. Dialoguemos.
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