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EDITORIALNuestra enfermedad Una red de trabas administrativas y legislativas están conspirando seriamente contra la gobernabilidad y el desarrollo del paísEl futuro de Costa Rica está condicionado a la liberación de estas numerosas camisas de fuerza Si se revisan los procedimientos burocráticos, a cargo del Estado o de los habitantes, así como los legislativos en nuestro país, todo está adobado para no tomar decisiones a tiempo o, mejor, para no ejecutar lo decidido. Una palabra sonora y de rica etimología condensa este estilo y esta mentalidad: procrastinación o dejar para mañana lo que se debe hacer hoy y, llegado mañana, apelar a pasado mañana y así hasta el infinito. Este, como sabemos, es el camino del subdesarrollo y, peor aún, del quebranto de los derechos de las personas. El otro camino, paralelo a este, es la evasión o la búsqueda de soluciones donde no están, que presenta diversas modalidades, todas regidas por el temor -o desinterés- de hacerle frente a la realidad. Espiguemos en algunas noticias recientes. En nuestra edición del lunes pasado sobre el incumplimiento del IMAS y del Gobierno, en cuanto a la implementación del SIPO, para identificar a las familias pobres del país, se informa de que a las personas necesitadas del bono de la vivienda se les piden 33 documentos. Entre estos, figuran la certificación de ingresos, constancia de nacimiento y declaratorias sobre la carencia de bienes. Este viacrucis le cuesta al interesado dos salarios mínimos: ¢180.000, sin contar otros ¢100.000 para la escritura de la casa. A la irracionalidad de los trámites, causada por la incompetencia de la administración, se agrega el abuso intolerable de exigirle un pago tan elevado por una escritura que bien podría estar a cargo de notarios oficiales con salario fijo. En las conversaciones entre las fracciones del Movimiento Libertario (ML) y del Partido Liberación Nacional (PLN), en estos días, sobre la conformación del directorio legislativo, a partir del 1.° de mayo próximo, la jefa de fracción del primero, Evita Arguedas, ha propuesto la tramitación de varios proyectos del ML tendientes a eliminar trabas administrativas. Para establecer una empresa, el interesado -muchos de ellos de escasos recursos- debe efectuar 11 trámites, los cuales consumen 77 días y cuestan ¢500.000. La posición de esta legisladora difiere, por cierto, de la asumida por otro diputado, de Acción Ciudadana, quien critica a su propio partido por no oponerse al proyecto de Ley de Concesión de Obra Pública, de indiscutible necesidad para el país. En nuestra edición del lunes, cuatro expresidentes de la Asamblea Legislativa abogan por poner plazo de votación a los proyectos de ley. Las reformas deben abarcar también el libertinaje e irracionalidad de las mociones, sin ton ni son, para entorpecer los proyectos de ley; la aberración de las posibilidades ilimitadas para que todos los diputados hablen o, como se ha visto en la tramitación del TLC, en comisión, la interpelación sin término a los expositores. La reforma del reglamento legislativo -concebido para atar las manos del Gobierno y de las mismas fracciones responsables- es vital para la gobernabilidad. Mientras el pueblo les exige resultados concretos a los diputados y a los gobernantes, cuya insatisfacción socava el sistema político y la misma democracia, siempre hay diputados o fracciones dispuestas a convertir el parlamento en desaguadero de sus intereses partidistas o de sus ideologías, teñidas estas invariablemente de un falso patriotismo. Esta trabazón burocrática y legislativa le ha infligido daños incontables al país. Si los nuevos diputados no se inspiran en un auténtico patriotismo, el referido a las necesidades básicas de la población, al bien común, y no a la retórica, las consecuencias para nuestro país, en estos cuatro años, serían fatales. La evocación, por ello, de los valores y sentimientos que guiaron a nuestros antepasados en los capítulos determinantes de nuestra historia es oportuna e inspiradora.
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