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Justicia española procesa a 29 imputados por los atentados de Madrid


EFE

Madrid. Más de dos años después de los atentados del 11 de marzo en Madrid, la Justicia española procesó hoy a 29 de los 116 imputados por los ataques terroristas, entre ellos nueve españoles, informaron fuentes judiciales.

En el auto de procesamiento, el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo responsabiliza de los atentados a una célula islamista local que se inspiró en Al Qaida pero que no pertenecía directamente a la red terrorista internacional.

a historia de España, el 11 de marzo de 2004 murieron 191 personas y más de 1.700 resultaron heridas, cuando terroristas hicieron explotar una decena de bombas en cuatro trenes de cercanías en la capital española. Siete personas, entre ellas los cabecillas de la célula, se volaron por los aires en un piso de la localidad madrileña de Leganés tres semanas después de los ataques terroristas, tras ser cercados por la policía.

El procesamiento es el paso previo al juicio oral. Todos los procesados tendrán que prestar declaración a mediados de mayo. La fiscalía solicitará probablemente penas de prisión de miles de años.

Los dos acusados principales son los marroquíes Jamal Zougam y Abdelmajid Bouchar, quienes deberán responder directamente de la masacre. El primero regentaba una tienda de telefonía en el barrio madrileño de Lavapiés, donde se vendió la tarjeta que se halló en el teléfono celular de una mochila bomba que no estalló. Testigos aseguraron haberle visto en dos de los cuatro trenes de los atentados.

Bouchar huyó cuando se pern los alrededores del piso de Leganés en el que se suicidaron los siete terroristas. Es uno de los pocos sospechosos de haber perpetrado los atentados que no murió en la explosión de la vivienda. Tras su detención en Serbia en agosto de 2005 fue extraditado a España.

Zougam y Bouchar están acusados en el auto de procesamiento, de 1.460 folios, de 191 asesinatos, 1.755 asesinatos en grado de tentativa y cuatro delitos de estragos terroristas, uno por cada uno de los trenes atacados. A Rabei Osman El Sayed, Hassan El Haski y Youssef Belhadj se les acusa de conspiración con los delitos anteriores.

Nueve personas -los cinco anteriores junto a Basel Ghalyoun, Larbi Ben Selam, Mohannad Almallah Dabas y Fouad El Morabit- están acusadas por el juez Del Olmo de un delito de pertenencia o integración en la organización terrorista islámica. Los presuntos cabecillas de esa célula -el marroquí Jamal Amidam, el tunecino Serhane Abdelmayid Fakhet y el argelino Allekema Lamari- murieron en la explosión de la vivienda de Leganés tres semanas después del 11-M.

Otro de los procesados principales es el ex minero asturiano Emilio Suárez Trashorras, a quien se acusa de haber proporcionado los explosivos para los atentados. A él, además de los cargos por 191 asesinatos, 1.755 en grado de tentativa y cuatro delitos de estragos terroristas "como cooperador necesario", según el auto, se le imputa también la muerte de un agente del Grupo Especial de Operaciones (GEO), quien falleció en la explosión de Leganés. Suárez Trashorras es el procesado al que más delitos se le imputan: 11.

Los otros ocho españoles procesados han sido acusados por su relación con la trama de los explosivos.

Según la fiscal del caso, Olga Sánchez, el proceso comenzará en la primavera de 2007. Los imputados no procesados, 87, no serán seguramente juzgados, pero tendrán que comparecer como testigos en el juicio. La investigación judicial ha durado 25 meses.

El juez Del Olmo descarta la participación, directa o indirecta, de ETA en los atentados y apunta a una vinculación con el Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM), responsable de los atentados de mayo de 2003 en Casablanca.

El juez exige de los principales acusados más de 450 millones de euros (algo más de 545 millones de dólares) como indemnizaciones.

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