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Fondo perdido El uso inadecuado del Fosuvi atenta contra la atención que exige el problema de la viviendaJuan José Umaña Vargas Realmente sorprende la iniciativa de algunos legisladores, tendiente a aumentar el porcentaje de los recursos del Fondo de Subsidios para Vivienda (Fosuvi) del Banhvi que se dedica a la atención de casos al amparo del ya famoso artículo 59 de la ley 7052 (Ley del sistema financiero nacional para la vivienda) que otorga un bono por el valor total de un lote con todos los servicios, más una vivienda completa a una familia, sin costo alguno para ella. Erróneamente se ha vendido la idea de que este aumento permitirá atender a las familias más pobres y erradicar precarios, pero algunos estudios técnicos demuestran que el aumento en el uso del dinero del Fosuvi al amparo del artículo ni ha logrado la disminución de los precarios, ni esos recursos van a los más pobres. Camino al infierno. Sorprende, pues, aun en el caso de que la iniciativa se base en buenas intenciones -recordemos que "de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno"-, que, si prospera, lo que se logrará es que en el mediano plazo el déficit habitacional, que hoy es manejable, crezca de manera sostenida. Es decir, si ahora la ley dice que se puede usar en este tipo de casos como máximo el 20% del Fosuvi, y sabemos que cada bono de vivienda de este programa es un 80% más costoso para el Estado que un bono máximo ordinario, y que con el actual aporte estatal al Fosuvi se están financiando unas 10.000 viviendas al año, no hay que ser genio para darse cuenta de que, si ese porcentaje sube, como pretenden algunos, al 50%, la cantidad de viviendas financiadas con bono se reduciría para el próximo año a 8.000 unidades; esto, suponiendo que los demás factores que inciden en el costo permanezcan constantes pues, si depuramos el cálculo incluyendo la inevitable variación de aspectos como la inflación, el número de viviendas se reduciría aún más. Es decir, una modificación de este tipo a la ley de vivienda significaría decir a miles de familias que hoy califican para obtener un subsidio parcial -gran ayuda para obtener su vivienda-, que no se podrán atender porque el dinero se usó para dar casa completa a familias que no hacen el esfuerzo que ellos sí realizan. Y, ojo, no quiero decir con esto que no existan familias que merecen ese subsidio completo; todos sabemos que sí existen, pero no son ni el 20% de las potenciales familias postulantes al bono, mucho menos el 50%. Excepción como regla. Debemos recordar, además, que el artículo 59 se incluyó en la ley para atender, vía excepción y con un poco más de recursos, a familias con miembros que sufrieran de alguna discapacidad y sin posibilidades de realizar aportes, o para familias que, habiendo realizado ese aporte o esfuerzo en el pasado, fuesen víctimas de algún fenómeno natural que lo destruyera; pero ahora se ha abierto tanto el ámbito de atención de casos que, lamentablemente, la excepción se convirtió en regla y corremos el riesgo de desfinanciar en el mediano y largo plazo el Sistema de Vivienda que, aunque dista mucho de ser perfecto, ha ayudado ya a obtener casa a varias centenas de miles de familias. Por eso, con todo el respeto que merecen los diputados, si se va a variar ese porcentaje, tal variación debe obedecer a un estudio técnico y objetivo y no a una ocurrencia; y si, además, el punto clave que motiva esta variación es que debemos usar recursos del Fosuvi para comprar terrenos donde ubicar a muchas de esas familias, usemos primero los terrenos ociosos que ya existen, en grandes cantidades, en poder de diversas instituciones del mismo Estado, y maximicemos así el uso del dinero de todos, no pagando dos veces por lo mismo.
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