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Urgente reforma legislativa

Los ciudadanos conocen poco de la importancia que tiene la elección de autoridades municipales

Abril Gordienko López


A poco tiempo de que expire la actual legislatura, la prensa informa de un proyecto de ley de reforma del Código Electoral, que podría redimir parcialmente del desprestigio a los actuales legisladores. En realidad son tres las propuestas de reforma relativas a la fecha de las elecciones de alcalde: 1) Que la votación se realice el primer domingo de febrero, después de las elecciones presidenciales, y no el primer domingo de diciembre del mismo año, como ocurre ahora; 2) que la votación se lleve a cabo a medio período presidencial, es decir, dos años después de la elección presidencial, y 3) que todos los puestos de elección popular relacionados con las municipalidades -regidores, síndicos, miembros de concejo distrital y alcaldes- se elijan a medio período presidencial.

Cualquiera de las tres propuestas significaría una mejora a la norma vigente, que fija las elecciones de alcalde, síndicos y concejales en diciembre del mismo año de las presidenciales y legislativas. La única experiencia que tuvimos, en diciembre del 2002 fue frustrante: un abstencionismo histórico del 77% de los votantes. Las causas de este fracaso son varias y me permito mencionarlas, sin pretender que esta sea una lista exhaustiva: el clima en diciembre no es propicio pues aún hay lluvias en diversas zonas; la atención está enfocada en el aguinaldo, en la Navidad y en otras festividades; la gente - entiéndase partidos políticos, miembros de mesa, fiscales y el mismo TSE- no han tenido suficiente tiempo de recuperar energías, de reunir recursos y de prepararse adecuadamente para enfrentar dos campañas tan seguidas y dos votaciones en el mismo año, con todo el esfuerzo que estas representan; por último, y sobre la que más me interesa llamar la atención, el poco conocimiento de los ciudadanos sobre la importancia de la elección para los cargos municipales.

Solución comprensiva. Las dos primeras propuestas -trasladar la fecha de elección de alcalde, síndicos y miembros de concejos de distrito al año siguiente o dos años después- podrían resolver los problemas del clima, el poco espíritu electoral y el escaso tiempo para la preparación de la campaña y las votaciones. Sin embargo, no resolverían de lleno el mayor de los problemas: el desinterés de la gente por los asuntos municipales. En cambio, la tercera de las propuestas sí ofrece una solución comprensiva de todos los aspectos.

De aprobarse esa propuesta, las instituciones relacionadas con el desarrollo de la labor municipal, los partidos, el Tribunal Supremo de Elecciones y los medios de comunicación podrían prepararse adecuadamente. Los electores tendrían la oportunidad de conocer a fondo a los candidatos a alcaldes, regidores, síndicos y miembros de concejos distritales, sus atestados y propuestas. Los partidos nacionales y cantonales podrían concentrarse en identificar y promover aquellos que don José Miguel Alfaro acertadamente llama líderes naturales de cada distrito y cada cantón, y ofrecer debates de ideas y proyectos sin que la figura y la campaña de los candidatos presidenciales los opaquen y minimicen por completo su importancia, como ocurre con los regidores, cuya elección se lleva a cabo el mismo día que la presidencial.

No exagero si afirmo que actualmente la mayoría de los costarricenses acude a las urnas el primer domingo de febrero con una idea clara de lo que significa elegir al presidente y a los diputados; pero no tienen idea de para qué sirve la papeleta rosada. Votan entonces por el mismo partido que votaron para presidente, por el color de la bandera que más les llame la atención, o la dejan en blanco. ¿El resultado? Da igual pues todos estamos pendientes de las votaciones presidenciales y de cómo quedó conformada la Asamblea; para cuando anuncian el resultado de las municipales, ya el interés ciudadano se ha enfriado por completo.

Críticos y vigilantes. Por eso, la separación de las elecciones municipales de las presidenciales traería otra ventaja fundamental: le daría protagonismo al régimen municipal en la mente de los votantes. Despertaría en ellos el interés por la labor del gobierno local de su comunidad, los haría críticos y vigilantes del desempeño de aquellos en quienes delegaron la administración de los recursos municipales, los involucraría más con las necesidades y soluciones de sus comunidades y haría evidente la necesidad de la rendición de cuentas por parte de los representantes municipales. Todo esto puede traer solo beneficios: mayor información, transparencia y eficacia, y sería un complemento adecuado al mayor poder y presupuesto que se ha ido asignando a los gobiernos municipales.

Por si fuera poco, esta propuesta cuenta con el beneplácito del Tribunal Supremo de Elecciones y de la Procuraduría General de la República. Según ha informado este mismo medio, la iniciativa está en tercer lugar de la agenda del Plenario y existe la posibilidad de que se discuta antes del receso de Semana Santa. Queda, pues, en manos de la Asamblea Legislativa dar ese pequeño golpe de timón en dirección al afianzamiento del régimen municipal, ingrediente necesario para la modernización de nuestra democracia, y así restaurar un poco la fe de los costarricenses en la labor del Primer Poder de la República.

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