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Ocho años es mucho

Cuando la solución se encuentra en la política., pero en democracia

Luis Emilio Jiménez
Politólogo

Basta una mirada atenta para comprender que el principal problema de Costa Rica es político. La ausencia de resultados y la sensación de inmovilismo ponen en entredicho el apoyo histórico dado a gobernantes e instituciones. Ideas y proyectos no han faltado, voluntad para hacer las cosas. demos el beneficio de la duda. Pero inteligencia política para generar condiciones necesarias y así articular lo pretendido es una debilidad crónica de los dirigentes.

A propósito de la actual coyuntura, pareciera que ni un buen programa de gobierno, ni el ejercicio ético de la función pública y aún menos las habilidades intelectuales de los equipos encargados de aquel ejercicio son suficientes para asegurar la concreción del nuevo proyecto. Los niveles de confrontación vistos recientemente vaticinan un desgaste para la entrante administración en la gestión de reformas catalogadas como prioritarias, especialmente si se toma en cuenta que esta no goza del apoyo popular esperado ni de la legitimidad necesaria ante ciertos sectores.

En el año 2000, Miguel Ángel Rodríguez renunció a su liderazgo ejecutivo una vez que las reformas previstas en telecomunicaciones y generación eléctrica padecieron un amargo tránsito por la Asamblea y un indecoroso final en las calles. Seis años después, la saliente administración endosa a la Asamblea casi toda la responsabilidad por su desgobierno, específicamente por la no aprobación del plan fiscal, y se ha dedicado a medio administrar tareas básicas del Estado y evitar decisiones con alto costo político. De ambas administraciones se puede afirmar que poseían un excelente equipo y un curso claro de acciones a seguir; no obstante, fallaron en la forma de hacer política y carecieron de rutas alternativas para continuar las reformas.

De lo anterior, se desprenden dos lecciones que podrían ser consideradas por el entrante gobierno. La primera remite a la responsabilidad intransferible del Poder Ejecutivo en la generación de condiciones de factibilidad políticapara la tramitación de sus prioridades e identificación de los momentos políticamente oportunos para proceder con su decisión. Esto implica la inconveniencia de avanzar con una política sólo porque se tengan lo votos necesarios o la facultad legal para actuar unilateralmente. Eso sería catastrófico para la estabilidad social y la concreción del proyecto político, dado que, al igual que la democracia, la legitimidad se construye todos los días.

Interlocutores válidos. En segundo término, conviene que la designación de ministros y presidencias autónomas considere los principales procesos de reforma previstos y las características del área a intervenir. En el fondo esto sugiere la necesidad de nombrar interlocutores válidos, sin anticuerpos, capaces de construir consensos con políticos, empresarios y sindicatos vinculados con el sector, como medida para crear canales de comunicación sin interferencias.

Esta coyuntura obliga a que los actores den contenido a la política en democracia. No se trata de buscar resquicios que permitan solo avanzar en apego al ordenamiento jurídico desconociendo intereses de las partes, ni de ceder ante presiones que paralicen el avance del país. Esperar a que se aclaren los nublados del día es lo que siempre nos hemos recetado. Sin embargo, ¿no sería interesante ver una clase dirigente más audaz, decidida, que tome riesgos y que opere con mayores niveles de incertidumbre en pro de la concreción de su programa y de la estabilidad política del país? El reto es claro: O se otorgan espacios o seguiremos reposando en las glorias del pasado. Ocho años de impericia política e inmovilidad son demasiado. Es hora de retomar las lecciones que el pasado reciente nos arroja con toda su fuerza.

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