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EDITORIALDeber de transparencia La clausura del programa de Oirsa para evitar dar cuentas a la Contraloría deja en entredicho al propio GobiernoLa renuencia del Organismo Internacional Regional para la Salud Agropecuaria (Oirsa), con sede en El Salvador, a informar ampliamente sobre el uso de los recursos derivados de la fumigación en los puestos fronterizos costarricenses no tiene precedentes en la historia de la Contraloría General de la República. Tampoco tiene precedentes una declaración de este tipo de parte de esta entidad contralora por boca, en esta oportunidad, de la subcontralora, Marta Acosta. Tampoco tiene antecedentes la falta de apoyo, en investigaciones similares, del presidente de la República y de su ministro de Agricultura, Rodolfo Coto. Esta labor fronteriza de fumigación produce ¢500 millones anuales, ¢2.000 millones, entre 1999 y el 2003, recursos propiedad del Estado, según el criterio repetido de la Contraloría, la cual, de acuerdo con un dictamen de la Procuraduría General de la República, tiene la potestad de fiscalizarlos. Sin embargo, este dinero, según la Contraloría, "se maneja sin ningún tipo de control por parte de la administración del MAG y sin que ese control se le haya permitido a la auditoría del Ministerio ni a la Contraloría", lo que conduce inevitablemente a dudar de la transparencia, eficiencia, eficacia y legalidad con que han actuado Oirsa y el MAG. Más bien, la Contraloría ha comprobado, venciendo la pasividad del titular del MAG, pagos improcedentes de sobresueldos y de combustible a vehículos particulares de empleados del MAG con fondos de Oirsa. También se han descubierto contrataciones de estudios y asesorías al margen de la ley. Hay, entonces, sobrados motivos para preguntarse con honda preocupación por qué el gobierno ha procedido en esta forma. Oirsa ha desatendido, desde 1997, las instancias de la Contraloría, al aducir que se trata de recursos privados, y, pese a la gravedad de los informes del ente contralor, el titular del MAG, Rodolfo Coto, ha prestado oídos sordos a sus cinco oficios, lo que no se justifica en modo alguno. Estamos, entonces, frente a un caso sin parangón: un gobernante que desoye las instancias de la Contraloría y que, más bien, acuerpa a su ministro, y este que se retrata de cuerpo entero con las respuestas que dio al periodista de La Nación que lo entrevistó sobre este tema. Aun en la hipótesis de que este funcionario adujese, como ha dicho, que no tiene asidero legal para dar información, no puede, en modo alguno, proceder en forma evasiva y displicente. Ante una situación tan comprometedora, el presidente Pacheco y su ministro, en lugar de dar cuentas claras de los recursos de Oirsa, comunicaron en junio del 2005 la liquidación del convenio en un plazo de dos años. Vendieron el sofá y, no contentos con esta decisión, culparon del acto a la Contraloría. Le asiste, por ello, toda la razón a la subcontralora, Marta Acosta, cuando afirma que si Oirsa hubiera entrega la documentación -y los funcionarios hubieran cooperado en este sentido- no habría sido necesario finalizar el acuerdo. De aquí que las consecuencias "irreflexivas, dañinas y dramáticas" que el presidente Pacheco y su ministro le endilgan a la Contraloría recaen directamente sobre ellos. La evasiva conducta de estos dos funcionarios ha llegado a tal extremo que, en diciembre pasado, Coto envió un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para ampliar las potestades del Oirsa y, pese a la oposición de los diputados, lo volvió a incluir en el actual período de sesiones extraordinarias. La transparencia no es una figura retórica ni una simple aspiración política. Es imperativo categórico de la administración pública y de los funcionarios. Cuando la Contraloría General de la República, en cumplimiento de sus potestades, pide a estos que den cuentas de sus actuaciones, no está pidiendo un favor. Está exigiendo el cumplimiento del deber. Nada más.
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