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Programa cerrará para evitar dar cuentas a Contraloría Clausura pone en peligro seguridad del país contra el ataque de plagasOirsa alega que es entidad internacional y que fondos no son públicos Mauricio Herrera U. mherreral@nacion.com Un organismo centroamericano responsable de la fumigación en los puestos fronterizos costarricenses se ha negado desde 1997 a explicarle a la Contraloría General de la República (CGR) el uso que da a los fondos recaudados en el país: ¢500 millones anuales. La Contraloría considera que esos dineros son recursos del Estado costarricense. La Procuraduría General de la República (que funge como abogado del Estado) admite que la CGR tiene potestades para fiscalizarlos.
Los fondos son recaudados y administrados por el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (Oirsa), con sede en El Salvador. Esto es posible mediante un convenio en el cual el Ministerio de Agricultura y Ganadería le trasladó al Oirsa la fumigación contra plagas a vehículos y mercaderías en puntos de entrada al país, desde 1991. Según un informe de la CGR del 2004, los recursos obtenidos mediante tal convenio "se manejan sin ningún tipo de control por parte de la administración del MAG y sin que ese control se le haya permitido a la auditoría del Ministerio ni a la Contraloría". "En consecuencia, no es posible garantizar la eficiencia, eficacia, legalidad y transparencia en el manejo de estos recursos públicos por parte de ese organismo internacional", concluyó. Hasta hoy, ni Oirsa ni el MAG han entregado a la CGR los datos solicitados para hacer una fiscalización financiera. Inédito.Según la subcontralora, Marta Acosta, la negativa de Oirsa a dar información no tiene precedentes en la historia de la CGR. Ante la presión de la Contraloría al MAG, para que exigiera al Oirsa la entrega de los datos o liquidara el convenio, el ministro de Agricultura, Rodolfo Coto, comunicó en junio del 2005 la decisión de liquidar el convenio, en un plazo de dos años. Para Coto y para el presidente Abel Pacheco, la cancelación del acuerdo es una orden "irreflexiva" de la Contraloría con consecuencias "dañinas" y "dramáticas" para el país. Según ambos, en una solicitud de reconsideración a la CGR, en marzo del 2005, el cierre del programa pone en riesgo al país frente a plagas y enfermedades animales. Pero Acosta sostiene que si el Oirsa hubiera entregado la información no sería necesario finalizar el acuerdo. La liquidación, según ella, "se debe al "incumplimiento del Oirsa a los términos y condiciones establecidos en el convenio, a la reiterada negativa del Oirsa a suministrar la información requerida, a que ese organismo no permitió la fiscalización de los fondos públicos que administra y a la ausencia de control por parte del MAG". El Oirsa lamentó el finiquito del convenio pero no hay evidencia de que haya intentado revertir la determinación. El representante del Oirsa en Costa Rica, Jimmy Ruiz, aseveró que la decisión de liquidar el acuerdo fue del MAG, pero el ministro Coto afirma que la determinación no fue suya sino del máximo órgano del Oirsa, el consejo de ministros de Agricultura, que él integra. Según Ruiz, el criterio del Oirsa es que los fondos que recauda no son públicos, pues el dinero se obtiene de la prestación de un servicio e ingresa directamente al patrimonio de la entidad internacional. Ruiz, quien asumió su cargo en febrero pasado, declinó detallar cuánto recauda el convenio cada año, cuánto se invierte en Costa Rica y expresó desconocer por qué Oirsa nunca ha presentado presupuestos a la CGR, como lo establece el contrato. Adelantó que Oirsa prepara un estudio legal interno para aclarar el carácter público o privado de los dineros que recauda. Durante dos semanas La Nación intentó entrevistar al director ejecutivo de Oirsa en El Salvador, Oscar Gutiérrez, pero él nunca atendió las llamadas ni los correos electrónicos. Anomalías.Desde 1996 la CGR ha emitido sin resultados más de 20 documentos exigiendo la información y la auditoría interna del MAG otros tantos. La CGR calculó que los ingresos percibidos por el convenio MAG-Oirsa, ascendieron a ¢2.000 millones entre 1999 y el 2003. A pesar de las negativas, el informe de la CGR del 2004 encontró documentos en otras dependencias del MAG que evidenciaron pagos improcedentes de sobresueldos y de combustibles a vehículos particulares de empleados del MAG con fondos del Oirsa. También hubo evidencias de contrataciones de estudios y asesorías al margen de la ley. Por las irregularidades encontradas, la CGR presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público por incumplimiento de deberes contra el ministro Coto y un funcionario del Servicio Fitosanitario del Estado. La fiscalía no encontró razones para acusar al funcionario, pues no está claro quién es el responsable en el MAG de fiscalizar el convenio con el Oirsa. En el caso de Coto, el trámite quedó estancado en las primeras etapas y ni siquiera se ha pedido el levantamiento de su inmunidad, según su abogado, Sigurd Vargas. Un proceso administrativo en la CGR sigue abierto. A pesar de la controversia, Coto envió en diciembre pasado a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que amplía las potestades del Oirsa. El diputado del PUSC y presidente de la Comisión de Asuntos Agropecuarios, Germán Rojas, comentó que él y varios legisladores más decidieron retirarlo de la corriente legislativa porque es inconveniente. Aún así, el presidente Pacheco incluyó la iniciativa, con el expediente 16.084, en el actual período de sesiones extraordinarias Según Rojas, tal como está redactado, el proyecto no era para corregir los problemas existentes con Oirsa sino para trasladarle todas las funciones de sanidad vegetal y animal. "Eso no podemos permitirlo pues no es conveniente que se quiten esas potestades al Estado".
Contraloría critica pasividad del presidente Abel Pacheco Mauricio Herrera U. mherrera@nacion.com Cuando la Contraloría fracasó en en el intento de obtener la información para fiscalizar al Oirsa, acudió al Ministro de Agricultura, y como tampoco allí obtuvo resultados recurrió al Presidente de la República, sin éxito. "No se evidencia por parte del Despacho del señor Presidente de la República que se diera una exigencia más allá de la simple petición formal hecha, ni que a tal solicitud se le diera el seguimiento necesario para poner a derecho la administración de los recursos del convenio SIF", concluyó la Contraloría en su informe DFOE-AM-18/2004 del 4 de octubre del 2004. Según la subcontralora general, Marta Acosta, se debió recurrir a Abel Pacheco "por la gravedad de los hechos y debido a la reiterada negativa del MAG y de Oirsa para permitir la fiscalización de esos fondos públicos". Cuando pidió la intervención de Pacheco, el 10 de febrero del 2005, Acosta alegó que eso se debía a "la total ausencia de control y rendición de cuentas de parte del señor Ministro de Agricultura". Según Acosta, aunque el 24 de junio del 2004 el presidente Pacheco pidió toda la información al MAG acerca de Oirsa, "en la práctica tal solicitud no tuvo efecto". La Nación intentó entrevistar personalmente a Pacheco, pero él prefirió que se le enviara un cuestionario por escrito. De las seis preguntas que se le plantearon, Pacheco respondió: "1. Tal como me lo solicitó la Contraloría, desde el 14 de octubre del 2004 solicité al señor Ministro de Agricultura hacer lo que fuese procedente para suministrar la información que el ente fiscalizador solicitaba. "2. Tengo entendido que tal cosa no se ha hecho en razón de la naturaleza de Oirsa como organismo internacional, así como por la existencia de dos procesos, uno de naturaleza administrativa y otro en el ámbito penal, que están pendientes de resolución". Censura al MAG. Antes y después de la petición al Presidente, la CGR ha criticado la actitud del MAG. "La administración del MAG ha sido omisa en el cumplimiento de sus obligaciones", señaló la CGR en el 2004. Justificó ese criterio "por cuanto (el MAG) ha permitido el manejo de dichos dineros al margen de la vigilancia de los órganos de control y fiscalización de la hacienda pública y ha omitido el diseño e implantación de las medidas de control que le competen para proteger dichos recursos". La CGR pidió la información directamente al ministro Coto mediante cinco oficios. Insistentes gestiones también fueron hechas a los anteriores jerarcas desde 1996, sin resultados. EntreRodolfo Coto Pacheco Ministro de Agricultura 'No puedo obligar a oirsa' Explica que OIRSA es un organismo internacional y que no es suya la decisión de cerrar el programa¿Por qué Oirsa no entrega a la Contraloría la información acerca del convenio para la operación del Servicio Nacional e Internacional de Fumigación (SIF)? Oirsa es un organismo internacional. En cuanto al SIF, estamos en el proceso de liquidación. Le hemos presentado a la Contraloría un cronograma (en un plazo de dos años) porque tenemos que crear en el MAG los puestos de las tareas que ahora desempeña Oirsa. Salirse del Oirsa trae sus consecuencias, las enfermedades bajan por todos lo países. La Contraloría nos obligó a salirnos. Usted, como representante máximo de Costa Rica ante el Oirsa y miembro de su Comité Internacional, ¿pidió expresamente la información solicitada por la Contraloría? No recuerdo haberlo hecho. ¿Cuánto recauda Oirsa por el manejo del convenio SIF? Esos datos tendría que buscarlos. ¿Por qué toman la decisión de irse y no de entregar la información respectiva? Eso es una reacción del organismo internacional. Ya yo hice la comunicación a la Contraloría. ¿Usted participó en la decisión de liquidar el convenio? Yo hablé con ellos (Comité Internacional) pero no tomé la decisión, para eso eso hay un consejo especial. Creo que estamos cometiendo un error en salirnos, esto traerá graves consecuencias. Pero ¿por qué salirse en lugar de exigir la información? Es una decisión que no es mía. Es de un consejo consultivo. Tanto el presidente Pacheco como yo hicimos una reflexión a la Contraloría, pero la Contraloría insistió. ¿Por qué no insistir ante Oirsa para que entregue la información? ¿No sería más fácil eso, dadas las complicaciones de que Costa Rica se salga? Eso es un punto que yo debería volver a plantear. ¿Cómo se usa el dinero que recauda Oirsa? Ellos nos ayudan con más de lo que reciben. Si todo es tan transparente, ¿por qué no dar la información? Porque es un organismo internacional que no está sujeto al control del Estado. El convenio con Oirsa fue refrendado por la Contraloría y se ha actuado correctamente. Pero si fue refrendado por la Contraloría, entonces la Contraloría puede fiscalizarlos. La Contraloría había pedido la información hace años y todo se había arreglado, hasta hace año y medio que volvieron a insistir. Pero la auditoría interna del MAG también ha pedido la información a Oirsa y no se la entregaron. ¿Por qué? No sé si la auditoria interna del MAG lo ha pedido. Eso corresponde más a la Contraloría. Si todo es tan transparente, ¿por qué no entregarla? Yo no veo por qué no entregar esa información. Pero yo no puedo obligarlos porque son un organismo internacional. El MAG está abierto a cualquier investigación de la Contraloría y hemos entregado lo que nos han pedido. Pero la Contraloría encontró anomalías en la operación del convenio SIF. Solo encontraron lo de los sobresueldos y los combustibles y ya eso se arregló. Que yo sepa, la Fiscalía no ha llegado a nada. ¿Público o privado? "Debemos recalcar que los recursos generados por el cumplimiento del acuerdo son fondos públicos", estableció desde 1996 la Contraloría General de la República (CGR). Desde entonces, ese criterio lo ha reiterado la CGR cada vez que pedía al Ministerio de Agricultura y Gandería (MAG) información acerca del convenio con Oirsa para el establecimiento del Servicio Internacional de Fumigación (SIF). Para la subcontralora general, Marta Acosta, los fondos son públicos pues el Oirsa presta un servicio público establecido en la Ley de Protección Fitosanitaria y lo hace a nombre del MAG, con fundamento en un contrato administrativo refrendado por la CGR. Sin embargo, Oirsa ha sostenido que no debe dar cuentas porque es un organismo internacional. En una nota a la auditoría interna del MAG, en marzo del 2000, la representación de Oirsa en el país alegó que el Ministerio de Relaciones Exteriores se pronunció en contra de la fiscalización de la CGR. "Es contrario al derecho internacional que la Contraloría General de la nación ejerza controles sobre fondos administrados por un organismo internacional", resolvió al Dirección Jurídica de la Cancillería en el oficio 395-98. Sin embargo, la CGR sostiene que no se pretende fiscalizar a todo el organismo, sino solo a los fondos que recauda a nombre del Estado costarricense. Procuraduría coincide. "En el tanto en que el Oirsa administre o custodie los recursos provenientes de la prestación de los servicios de fumigación, está sujeta a los controles dispuestos sobre los fondos públicos", comunicó la Procuraduría General de la República en una opinión no vinculante en agosto del 2004. La procuradora asesora, Magda Rojas, confirmó esa interpretación a La Nación el pasado jueves. No obstante, el representante de Oirsa en Costa Rica, Jimmy Ruiz, sostiene que los fondos son privados porque Oirsa pone todos los equipos e infraestructura para dar el servicio de fumigación y por esa inversión cobra una tarifa que es parte de su patrimonio. En el primer acuerdo de cooperación entre Oirsa y el MAG, firmado en 1989, quedó establecido que la Contraloría debía aprobar el superávit de operación del programa y refrendar el convenio En ese documento también se estipuló que el MAG sería responsable de la supervisión técnica y administrativa del acuerdo.
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