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Rendición de cuentas y política ambiental En estos años se ha desarrollado una deplorable gestión ambientalLisbeth Quesada Tristán Defensora de los Habitantes Costa Rica se había caracterizado por su trayectoria en la ejecución de políticas acertadas para la protección y conservación de los recursos naturales, en aras de garantizar el desarrollo sostenible del país y la calidad de vida de sus habitantes. Sin embargo, los desequilibrios en el uso del patrimonio natural del Estado de los últimos años evidencian un deterioro de dichos recursos y sus procesos de reposición. La atracción y el incremento de inversiones, así como una inadecuada planificación del uso del suelo han puesto en evidencia una deplorable gestión ambiental y un alarmante nivel del proceso degenerativo. El llamado inicial del ministro de Ambiente y Energía en aras de la protección ambiental, denominado "declaratoria de paz a la naturaleza", así como algunas tímidas gestiones para lograrla, han sido tristemente insuficientes. Aunado a lo anterior, la falta de apoyo y compromiso en temas como el proyecto de "Garantías Ambientales", o la aplicación del decreto sobre el canon de vertido de aguas, frente a políticas contradictorias de respaldo a la actividad de minería de oro a cielo abierto, y hasta la anuencia complaciente para la realización de la tala del bosque en la zona marítimo terrestre, con el fin de construir proyectos hoteleros, serán marcas indelebles en los anales ambientales del país. Los hechos no mienten. Muestra de lo anterior es el decreto que causó gran asombro a la comunidad nacional, que permite la corta de un 15% del bosque primario y hasta un 25% de bosque secundario existentes, para facilitar el desarrollo de proyectos llamados "ecoturísticos", en total contraposición con lo dispuesto por la Ley Forestal y del criterio de la Procuraduría General de la República, sin olvidar las dos acciones de inconstitucionalidad pendientes de resolución por parte de la Sala IV. Los casos que conoce esta Defensoría no son la excepción, ni constituyen hechos aislados en una política de protección insuficiente. Ejemplos de lo anterior es la investigación realizada sobre la afectación de un humedal en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo en Limón, donde se constató la existencia de autorizaciones para la corta de árboles, el cambio de uso del suelo originalmente consignado en el Plan de Manejo como zona de protección, segregación o división material de varios lotes, así como la construcción de caminos en dicho Refugio, contrarios a los estudios técnicos levantados al efecto; o bien la denuncia contra el funcionamiento y otorgamiento de la viabilidad ambiental al proyecto en agosto de 2005, de una estación de servicio de nombre Servipesca en Playitas de Jicaral, al lado de un manglar y junto al estero que desemboca en el golfo de Nicoya, lo que representa una situación de riesgo inminente de contaminación de las aguas por hidrocarburos, y el daño ecológico para el humedal y su biodiversidad. Si sumamos las diversas denuncias que esta Defensoría conoce, a la lista de intenciones del actual Ministro de favorecer la realización de actividades económicas, en áreas silvestres protegidas que cuentan con porciones marinas, en contraposición con el art. 9 de la Ley de Pesca y Acuicultura -que prohíbe la actividad pesquera con fines comerciales y deportivos en parques nacionales, monumentos naturales y reservas biológicas-, es imposible dejar de preocuparse cuando el país conoce de su imposibilidad real de ejercer un control efectivo sobre sus recursos marinos por parte de las instancias estatales competentes, entre estas el Ministerio del Ambiente y Energía, a quien corresponde contar con los planes de gestión debidamente actualizados para cada una de dichas áreas, con linderos claramente definidos, así como un censo de los grupos sociales que han desarrollado alguna actividad en la zona. Pero, además, la resolución 2004-10484 de la Sala Constitucional reafirmó que, cuando el Estado decide dar a un sector la condición de parque nacional, monumento natural o reserva biológica, asume, frente a sus habitantes y a la comunidad internacional, deberes ineludibles, como la preservación integral del hábitat presente en dichas zonas, impidiendo que actividades humanas -económicas o de simple recreo- puedan perturbar la intangibilidad de tales ecosistemas. La realidad es otra, e invita obligatoriamente al actual Ministro a incorporar en su informe de gestión, la atención, el trámite y los resultados que le ha dado a todo procedimiento y/o proceso administrativo o judicial relacionados con daño ambiental interpuestos o resueltos durante sus casi ocho años ya como jerarca de esa cartera. Por todo lo anterior, la Defensoría de los Habitantes también quiere hacer un llamado, ante la necesidad de implementar una nueva gestión ambiental que tenga como norte la protección y conservación efectivas de los recursos naturales, involucrando a todos los sectores nacionales. El desarrollo de un país es fundamental, pero debe caminar de la mano con una gestión ambiental responsable.
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