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Lotería privada Armando González agonzalez@nacion.com La Junta de Protección Social de San José nació en 1845 como entidad privada y su actual gerente, Luis Polinaris, pretende devolverle esa condición. Polinaris cuestiona la constitucionalidad de la ley que dio a la Junta carácter público y pregona las ventajas administrativas de operar sin los engorrosos controles del sector estatal. La idea parece tomada de los proyectos para el "fortalecimiento" del Instituto Costarricense de Electricidad, cuyos proponentes piden suavizar amarras para que el ICE compita en mercados más abiertos. La diferencia está en que la Junta no tiene competencia en ciernes y nadie ha propuesto que el ICE abandone el sector público. Si la JPS quiere ser entidad privada, como lo fue en 1845, debe renunciar también al monopolio de las loterías, para que sus ingresos no tengan el odioso carácter público que tantas limitaciones entraña. Así, la Junta podría dedicarse a administrar a su antojo la caridad privada mientras los legisladores asignan a otra entidad el engorroso negocio de las loterías públicas. Lo contrario sería otorgar a la JPS libertades de empresa privada para manejar recursos públicos y a tanto no puede llegar la confianza. El dinero público debe ser administrado con todas las precauciones del caso, y la agilidad en la contratación de bienes y servicios no puede ser excusa para relajar los controles. El gerente pidió a la Junta Directiva aprobar los planes encaminados a sustraer a la entidad de la esfera del sector público. Cuando voten, los directivos harán bien en recordar la polémica de las raspaditas y otras similares, que resaltan la conveniencia de mantener los controles en su sitio. La sociedad debe estar atenta al curso de los acontecimientos en la JPS para hacer los reclamos oportunos, dependiendo del resultado de las gestiones de Polinaris. Ha llovido mucho desde 1845. Los hospitales que un día administraron las juntas provinciales de protección social hoy son propiedad de la Caja Costarricense de Seguro Social y nadie acepta que la atención de los enfermos corra por cuenta de la caridad de los particulares. Si la Sala IV aceptara la tesis de Polinaris y la JPS recobrara el carácter privado con que fue fundada, nada obligaría al Estado a dejar el dinero público en un arca abierta, con riesgo de que hasta el justo peque.
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