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Violencia se ensaña con mujeres en Guatemala Violaciones, tortura y mutilaciones caracterizan homicidiosMayoría de los casos queda impune, policía y tribunales investigan poco Hazel Feigenblatt hfeigenblatt@nacion.com El antiguo Imperio Maya de Guatemala se ha convertido hoy en un reino de violencia e impunidad, y las mujeres son el indicador de la brutalidad de los homicidios. Cada día, 15 guatemaltecos en promedio son asesinados y, de ellos, uno o dos son mujeres.
Sin embargo, mientras la mayoría de hombres muere a tiros, la mayoría de mujeres muere a golpes y puñaladas, después de ser violadas, torturadas y mutiladas. "La diferencia es que a las mujeres se les hace sufrir más antes de la muerte", explicó el procurador general de derechos humanos de Guatemala, Sergio Morales. Sandra Janet Palma, de 17 años, apareció en un barranco una semana después de desaparecer, en el 2004. Le habían cortado el brazo derecho, los senos y la mano izquierda y le habían arrancado los ojos y el corazón.
Ciudad Juárez. Asesinatos como ese han sido cosa de todos los días en los últimos cinco años; la cantidad se duplicó del 2001 al 2005 (de 303 a 624) y ya suman 2.230. La cifra supera con creces a Ciudad Juárez, en México, donde más de 400 mujeres han sido asesinadas y más de 70 han desaparecido desde 1993, según Amnistía Internacional (AI). La negligencia y desinterés caracterizan a la policía y a los tribunales. Según Morales, en el 97 por ciento de los casos no hay arrestos y, según un informe de las Naciones Unidas del 2005, el 40 por ciento ni siquiera se investiga. La situación está causando alarma entre organismos internacionales. Un informe de AI, de noviembre, atribuye el constante incremento de muertes a que la matanza de 200.000 personas durante el conflicto armado quedó impune. El documento señala que el "modus operandi" de los asesinatos actuales "recuerda los métodos de tortura utilizados por la contrainsurgencia". Las mujeres, además, son muy vulnerables a la violencia por tradiciones guatemaltecas que las subordinan. Crimen organizado. El procurador explicó que exmilitares y policías están involucrados, pues al crimen organizado (drogas, armas y personas) le sirve el clima de temor y "tiene muchas palancas". Las pandillas son responsables de muchos casos. En el 2003, las hermanas Deborah y Olga Tomás, de 16 y 11 años, rechazaron avances sexuales de un miembro de la "Mara Salvatrucha" y fueron secuestradas por varios pandilleros. Las violaron, les cortaron partes del cuerpo con un serrucho y las mataron a machetazos. Es uno de los pocos casos que fue a juicio. Una expandillera comentó a AI que para las "maras" los asesinatos son señal de poder. "Tiene más poder el que lo hace más brutal, y más aún si no le pasa nada", dijo a AI. Por otra parte, la violencia doméstica causa más de la tercera parte de los homicidios de mujeres, principalmente de amas de casa, según el Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible.
Leyes reproducen normas sociales discriminatorias Hazel Feigenblatt hfeigenblatt@nacion.com Ser mujer, pobre e indígena en Guatemala es la fórmula perfecta para una vida de discriminación, dentro y fuera del hogar, bajo normas culturales y legales. El gran problema es que la mayoría de la población femenina de Guatemala responde a ese perfil y pone a las mujeres a merced de la violencia, según informes de organismos de las Naciones Unidas y Amnistía Internacional emitidos el año pasado. En el Código Penal guatemalteco un hombre es inocente de violación si se casa con la víctima, lo cual la condenaría a ella a una vida con su atacante. Además, el Estado no hace de oficio el enjuiciamiento. Debe hacerlo la víctima, si puede pagar un abogado y enfrentar la "vergüenza" que ello representa en una sociedad altamente machista. Violencia doméstica, violación conyugal y acoso sexual no existen como delitos. En el primer caso, solo se puede acusar por lesiones que duren más de 10 días. En relación con las menores de 18 años, para que exista delito de abuso sexual la víctima debe demostrar que es "honesta", con lo cual la sociedad la enjuicia a ella antes que al abusador. El 66 por ciento de las niñas de zonas rurales dejan la escuela en tercer grado y muchas terminan como empleadas domésticas, ocupación no regulada por la ley. La ayuda legal, económica o psicológica para mujeres es limitada y muchas veces no se dispone de intérpretes para las indígenas. Tras cuernos, palos. Si las leyes imponen condiciones duras sobre las mujeres, quienes las aplican añaden otras más. Muchas denuncias son recibidas con "actitudes desdeñosas" por policías y funcionarios judiciales y van de oficina en oficina. En el 2002, cuando familiares de Nancy Peralta intentaron denunciar su desaparición, la policía preguntó si estaban seguros de que la joven no se había escapado con el novio y les pidieron volver en 48 horas. Mientras se daba esa conversación, el cuerpo de la joven tenía tres horas en la morgue. Las mujeres cabeza de hogar están más expuestas a la violencia, pues el trabajo remunerado tiene connotaciones sexuales, por las que la comunidad las aísla y los hombres se creen con derecho a hacer avances sexuales. Poca educación, presión social, discriminación legal y falta de apoyo estatal ponen a las mujeres en una encrucijada: limitarse al ámbito doméstico, exponerse a la violencia en la esfera pública y, en muchos casos, a ambos. Justicia guatemalteca, cómplice de los crímenes Hazel Feigenblatt hfeigenblatt@nacion.com El paraíso de los asesinos es el nombre de una reciente película sobre los crímenes de mujeres en Guatemala y el nombre no podría describir mejor a ese país, en donde la inacción de la justicia la convierte en cómplice de la violencia. El caso de María Isabel Veliz muestra por qué. En el 2001, la estudiante de 15 años apareció violada, amarrada con alambre de púas, acuchillada, estrangulada y con el rostro desfigurado por los golpes. Tenía el cráneo quebrado, al parecer por un hacha, quemaduras de cigarros en los brazos y las uñas volteadas. A su mamá, Rosa Franco, las autoridades le devolvieron la ropa sin tomar muestras de sangre o semen. Ella le dio a los investigadores la lista de las últimas llamadas de la joven, pero no las investigaron. El Ministerio Público tampoco fue a la casa donde se había visto el vehículo del que un testigo vio que arrastraron el cuerpo la joven. Por insistencia de la señora, un agente visitó la vivienda, pero no entró. De hecho, cuando ella va al Ministerio Público, los investigadores le preguntan si tiene "alguna novedad". Lo que ellos sí investigaron fue a la víctima. Según Amnistía Internacional, documentos del fiscal dicen que era una alumna irregular, vestía faldas cortas, estaba "interesada en las comisiones sobre ventas" de la tienda donde trabajaba en vacaciones y no iniciaba el día con una oración, como las demás "señoritas". Cuatro años después, no se ha hecho ni un arresto, como es común en Guatemala. Ineficientes. Más de la mitad de las investigaciones no logra descubrir ni siquiera el móvil del crimen, menos a los responsables. Según la Procuraduría de Derechos Humanos, el 60 por ciento de los casos de mujeres se archivan como móvil desconocido. Aún más, en los casos en que se determina un móvil y es "pasional" o relacionado con maras, el caso no es importante de esclarecer. Por otra parte, algunos crímenes involucran a policías. Incluso los casos que llegan a la esfera judicial tienen poca posibilidad de encontrar justicia. La Fiscalía de la Mujer informó a Amnistía Internacional que, en el 2005, de 150 casos solo uno llegó a la etapa de condena. Tal fracaso no es de extrañar: no se protege el lugar del delito para recabar pruebas, no realizan exámenes de laboratorio y no se ejecutan las órdenes de detención contra los sospechosos. Además, la policía tarda horas en ir al lugar donde aparece un cadáver y espera de dos a tres días para aceptar denuncias de desaparición, lo cual dificulta hallar a la mujer o a los criminales.
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