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La ley de tránsito creó la posibilidad de investir a los policías municipales de la autoridad necesaria para fungir como inspectores de tránsito, imponer multas y velar por la seguridad vial dentro de los límites de sus cantones. Es difícil comprender por qué tan pocas municipalidades han aceptado el reto a la luz de las graves consecuencias del desorden en las carreteras para la calidad de vida, especialmente en las ciudades.