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Hace bien el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) al exigir la calificación de los fondos de pensiones, pero hace mal –muy mal– al establecer el carácter confidencial de esas calificaciones. La confidencialidad como imperativo desvirtúa el sentido mismo de una verificación rigurosa de los riesgos involucrados, en perjuicio de los asegurados. Ellos tienen todo el derecho a saber cómo se manejan sus fondos y el peligro que corren sus pensiones voluntarias.

Un ciudadano de apellido Jiménez presentó una acción de inconstitucionalidad contra el cobro del impuesto sobre la renta al retiro de las pensiones voluntarias.