Las pesquisas se iniciaron en mayo del año pasado, luego de que La Nación consultó sobre los atestados profesionales de Olga Marta Sánchez sobre los del ministro de Comercio Exterior, Alexánder Mora.

El funcionario, el jefe de Recursos Humanos y el jerarca de cada institución pública, en ese orden, son los responsables de velar por el pago correcto de la prohibición, la compensación equivalente al 65% del salario base, que se le paga a los altos jerarcas del sector público por no ejercer profesiones liberales durante el tiempo que están en el cargo.

Según Alfaro, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) no paga incentivos a su presidente ejecutivo, sino que le paga de acuerdo con una de dos categorías: profesionales y no profesionales.