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Contraloría aclaró las responsabilidades de las auditorías internas de los gobiernos locales, en cuanto a la fiscalización de las transferencias a las juntas de educación y juntas administrativas.
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El uso de ¢190.000 millones destinados este año a las juntas de educación y administrativas de 4.585 escuelas y colegios públicos carece de fiscalización
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El Ministerio de Educación Pública (MEP) les exigirá a las juntas administrativas y de educación poner las propiedades a nombre del Estado, para garantizar la posibilidad de invertir en ellas
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