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Existe un grave sesgo en aquellos cálculos que comparan la inversión en las universidades públicas con el costo en las privadas, puesto que la mayoría de estas últimas no desarrollan actividades de investigación ni acción social, ofrecen menos servicios (y de menor calidad) a sus estudiantes y pagan salarios muy bajos a sus docentes.

Cuando me topo con textos de política pública que plantean objetivos como “combatir la desigualdad” o “fortalecer la sostenibilidad ambiental”, siempre entro en sospechas.