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"El decreto impugnado está limitando e imponiendo a quienes son funcionarios y usuarios de las instituciones de Gobierno un pensamiento con valores que evidentemente son extraños a la idiosincrasia de la mayoría de los costarricenses, que somos judeocristianos, acusando a quienes no pensamos como el Gobierno de homofobia, lesbofobia, transfobia, bifobia, intersexfobia", dice la acción presentada ante la Sala IV.<div></div>