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El marco legal existente no le permite al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) incursionar en la construcción de infraestructura vial, según la autorizada opinión de la Procuraduría General de la República.
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El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) gastó $70 millones en un banco de datos que, desde sus inicios, dio fuertes señales de descontrol y fracaso.