Un proyecto de ley pretende gravar con un impuesto del 5% los cobros judiciales, con riesgo de afectar el crédito y el pleno acceso a la justicia. Las buenas intenciones de la iniciativa podrían ser un tiro por la culata. El texto debe ser examinado con la mente abierta y el concurso de expertos.
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La Constitución Política no establece un tiempo de respuesta razonable.
Tiempo promedio para terminar un caso se duplicó desde el comienzo de la crisis sanitaria; el 2021 cerró con 854.000 expedientes sin resolver, el triple en una década.