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La sobrepoblación penitenciaria y el desfinanciamiento de la Dirección General de Adaptación Social han imposibilitado una respuesta a los puntos urgentes de la “estrategia país” en la lucha por la seguridad de los habitantes. Más bien, el endurecimiento de las penas, una mayor eficacia del Poder Judicial y cuerpos policiales mejor equipados y entrenados, han fortalecido el aparato represivo del Estado y han llenado las prisiones.