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En momentos en que los diputados discuten varios proyectos para prohibir los salarios superiores a ¢5,3 millones en el sector público, casi 1.200 funcionarios superan esa frontera imaginaria. Si el tope hubiese existido antes de que estos empleados empezaran a ganar esas cifras, el Estado se habría ahorrado casi ¢26.250 millones anuales.