La ‘Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas’ estableció una tarifa reducida del 4% de IVA para los servicios de salud privados que ofrecen entidades y profesionales autorizados.
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La Contraloría General de la República señaló que la entidad no demostró tener sostenibilidad financiera para crear los 72 nuevos puestos de trabajo.
Contrató, desde agosto de 2022, 87 personas sin contar con los fondos para cubrir salarios. Ahora recorta gastos en horas extra, viáticos, reposiciones de personal y cirugías para remediar falta.