La confidencialidad decretada en el caso de los escáneres alarma por las decenas de millones de dólares en juego y también por las implicaciones para la lucha contra el narcotráfico.
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La Contraloría descarriló el negocio de los escáneres, pero queda la pregunta sobre los motivos de la administración para actuar con tanta precipitación, imprudencia y opacidad.
Con un ‘sondeo’ que no cumple los ‘elementos mínimos’ de un estudio de mercado, el órgano del MAG excluyó a competidores que ofrecían cobrar menos de $25 por contenedor. Así, el SFE pretendió dar el negocio a Racsa; carta de viceministro de Seguridad fue uno de los argumentos.