Según el abogado del Estado, los directivos pueden participar en la discusión y votación de asuntos ‘macro’, aunque estos incidan en familiares, sin que ello configure un motivo de abstención.

Con este pronunciamiento, la Dirección General de Tributación se queda sin un mecanismo para determinar la actividad o inactividad de las sociedades, lo cual es clave para el pago del nuevo tributo a personas jurídicas.

La Procuraduría General de la República ratificó que cualquier servicio de transporte remunerado de personas requiere de un permiso o una concesión autorizada por el Estado.