Se trata de tres contrataciones para brindar servicios de comunicación, mejoras del sistema de ciberseguridad y arreglos a las instalaciones de la Presidencia.
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BCIE dice que suministrará recursos adicionales para un estudio actuarial y un proyecto de ley sobre pensiones de lujo.
El gobierno de Chaves financió videos y ‘trackings’ de opinión con $105.800 que estaban previstos para generar una solución al problema de las pensiones de lujo; presidente había anunciado consulta a la Corte IDH.