La acción de inconstitucionalidad le recuerda a los magistrados de la Sala IV que, históricamente, los servicios de inteligencia alrededor del mundo han sido responsables de "graves violaciones a los derechos humanos".
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Para la funcionaria, deben fortalecerse las acciones sociales, ya que considera que cuando hay desigualdad y discriminación la población es más vulnerable a la violencia, delincuencia y violación de derechos humanos.
La contralora general de la República, Marta Acosta, no comparte la declaratoria de "estado de la necesidad" presupuestaria, que le permitiría al gobierno de Luis Guillermo Solís reducir los recursos asignados por ley a algunas instituciones públicas.