La ley de empleo público entró en vigor no sin resistencias y denuncias ante los juzgados.
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Johnny Araya, alcalde de San José, fue sancionado con una suspensión de 20 días sin goce de salario por contratar a dedo al bufete BDS Asesores Jurídicos por ¢22,5 millones.
Corresponde a cada institución justificar de forma técnica y objetiva los puestos exclusivos y excluyentes.