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Muchas son las razones para proceder de manera prudente al aplicar la Ley 8.801, y la primera es, sin duda, el déficit fiscal que alcanza un 5,7%.


La declaración elaborada por economistas internacionales “América Latina al final de la bonanza y los riesgos derivados de la política” enfatiza el fin de la “bonanza” durante el período 2004-2013 e integra la visión de riesgos derivados de las crisis de las economías emergentes y su repercusión en la región.