El abogado de la mayoría de parejas demandantes y que ganaron el juicio contra el Estado en el 2012 sostiene que un decreto es una vía idónea para implementar de nuevo la FIV en el país.
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El Estado y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) enfrentan, al menos, 22 demandas en los estrados contencioso administrativos por el retraso en la aplicación de la fertilización in vitro (FIV).