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José María Figueres defendió el decreto que firmó en 1998 para permitirle a las empresas petroleras suscribir contratos de exploración con el Estado costarricense, sin necesidad de presentar estudios de impacto ambiental de antemano.

Al hacer cambios a la nueva ley de aguas se desnaturalizó el concepto de iniciativa popular. Triste final para la bienintencionada ley que pretendía darle mayor participación a las personas en la elaboración de las leyes.